En una columna de análisis de la situación económica, y el impacto que tiene en las arcas públicas la falta de reglamentación del juego en el Brasil, Magnho José, editor de BNLData y presidente del Instituto de Juego Legal (IJL), destacó que sólo este año el país dejará de recaudar alrededor de USD 805 millones en impuestos y unos USD 1.226 millones en otorgamiento de licencias, lo que suma más de USD 2.000 millones que podrían destinarse a la sociedad.
“Si consideramos los tributos (R$ 800 millones, o USD 153,33 millones), el Impuesto a la Renta (R$ 3.400 millones, o USD 651,66 millones), y sin incluir al menos 100 licencias a operadores (R$ 6.400 millones, unos USD 1.226,66 millones), las arcas del Gobierno pierden este año R$ 4.200 millones (unos USD 805 millones)”, destacó el periodista, para agregar: “Además, la aprobación del Marco Regulatorio de los Juegos permitiría al país recaudar más de R$ 30.000 millones (USD 5.750 millones) todos los años con esta actividad”.
Al ser consultado sobre las expectativas de recaudación de las apuestas deportivas durante una entrevista con UOL, el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, fue reticente y dijo que los números están variando mucho, y que éste es uno de los problemas internos que están siendo abordados por dos secretarías que están trabajando en el asunto: la Reserva Federal y la Secretaría de Reformas Económicas.

Con la ayuda de ejecutivos del mercado no regulado, BNLData estimó cuánto podría representar para las arcas del Gobierno la publicación del conjunto de reglamentos (la Medida Provisional y el Decreto Reglamentario) para la modalidad de lotería de apuestas de cuotas fijas o deportivas.
“Si consideramos que la carga tributaria de la Ley 13.756/18 equivale al 18,5% de los ingresos y que las estimaciones conservadoras aseguran que el mercado de apuestas por Internet debe mover más de R$ 60.000 millones (USD 11.500 millones), los operadores estarían facturando alrededor de R$ 3.200 millones (USD 613,33 millones), que al ser gravados podrían generar impuestos por cerca de R$ 600 millones en los próximos 12 meses (USD 115 millones)”, estimaron los analistas de BNLData.
Si se suma el Impuesto sobre la Renta, se recaudarían otros R$ 200 millones (USD 38,3 millones), por lo que sólo en impuestos, el Gobierno dejó de percibir cerca de R$ 800 millones al año (USD 153,3 millones).
“Aún tenemos el Impuesto a la Renta sobre los premios, algo previsto en la legislación aprobada. Si consideramos que sólo el 20% de los premios estarán por encima del límite de exención (R$ 1.903,98), estamos hablando del 20% de R$ 57.000 millones en premios, que gravados con la alícuota del 30% del impuesto a la renta sobre premios, el país pierde más de R$ 3.400 millones (USD 651,66 millones)”, agregaron.

Cabe señalar que en el volumen estimado de recursos de R$ 60.000 millones (USD 11.500 millones), se incluyen los ingresos procedentes de la explotación de juegos en línea (casino, bingo y tragamonedas), que ya estarán permitidos después de la regulación. Así, la actividad del juego online de Brasil es una de las más grandes del mundo.
Y la pérdida de fondos públicos no termina con los impuestos a los operadores y el impuesto a la renta sobre las ganancias, ya que faltan los valores de las licencias otorgadas.
Según el texto del proyecto que regula la actividad, cada concesión costará R$ 22,2 millones por un período de cinco años. Actualmente, en Brasil hay más de 600 sitios operando apuestas deportivas (en una zona gris) y juegos online (que no está regulados), y por lo menos otros 400 operadores físicos, imaginemos que de esta cantidad, sólo 100 operadores decidan adquirir una licencia, lo que podría generar R$ 2.220 millones (USD 425,5 millones). Y si el Gobierno decide duplicar el valor de la concesión por un período de 10 años, la entrada inmediata esperada para las arcas del gobierno sería de R$ 4.440 millones (USD 851 millones). De esta forma y de acuerdo a lo analizado por BNLData, “Brasil está renunciando a un ingreso de 6.400 millones de reales (USD 1.226,66 millones) solo este año, debido a la falta de regulación de la ley, que creó las apuestas de cuota fija en diciembre de 2018”.
Y agregan: “Si consideramos sólo los impuestos (800 millones de reales) y el Impuesto sobre la Renta (3.400 millones de reales) de las apuestas de cuota fija, el Gobierno pierde 4.200 millones de reales anualmente. Y si multiplicamos esta cifra por cuatro años de omisiones del gobierno de Jair Bolsonaro para regular la modalidad, debido a la oposición de la Bancada Evangélica, el país perdió en este período cerca de R$ 16.800 millones en impuestos y tributos".
También, debido a esta oposición a legalizar el juego como una cuestión de costumbre, como se explica en el Capítulo VII – De las Contravenciones Relativas a la Policía de Costumbres de la Ley de Delitos (Decreto-Ley 3688/41), elimina la posibilidad de que Brasil recaude más de R$ 30.000 millones cada año de los juegos no regulados, como casinos, bingos, tragamonedas, apuestas y juegos en línea.

Un estudio del Instituto Brasileño del Juego Legal indica que el potencial del mercado de juegos de azar de un país o su Movimiento General de Apuestas (GAM) equivale a entre el 1% y el 1,6% del Producto Interior Bruto o PIB, dependiendo de las características de la población, la cultura de juego de sus ciudadanos y el modelo de legalización elegido por el Estado.
“Si multiplicamos por 82 años de prohibición y oposición a la legalización de esta actividad, tendremos una cifra astronómica de dinero, que el Gobierno ha dejado de recaudar por culpa de los conservadores y de la Bancada de Dízimo”, agregan.
Como reflexión, Magnho José, editor de BNLData y presidente del IJL, asegura: “Es necesario dejar a un lado el discurso demagógico y actuar con coherencia y responsabilidad ante un hecho social irreversible: la práctica del juego. La legislación prohibitiva no ha cambiado el escenario del juego ilegal en Brasil, que mueve anualmente miles de millones de reales en apuestas no reguladas. Sólo la legalización y la regulación de la demanda del mercado, permitirán al Estado controlar, recaudar y depurar esta actividad en el país”.