El Gobierno de Canarias busca reforzar la protección de menores, tener mayores controles de acceso e imponer más distancia entre sus centros de juego

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad destacó ayer la importancia de regular una actividad lícita, pero restringiendo su alcance y con una mirada puesta en la prevención de sus externalidades negativas.

De esta forma, Julio Pérez señaló que en Canarias operan actualmente 299 salones de juego, 30 bingos, 8 casinos, 7.365 máquinas de juego tipo B y 3.443 establecimientos de hostelería con 4.656 máquinas tipo B1 instaladas. Toda esta actividad genera en las Islas Canarias, ingresos fiscales por casi 60 millones de euros.

Pérez defendió así en el Parlamento de Canarias el proyecto de Ley de modificación de la Ley 8/2010, que regula los juegos y apuestas, y ha hecho un llamamiento a las formaciones con representación en la Cámara autonómica para que estudien la propuesta y la perfeccionen durante su tramitación, pero sin perder de vista los principios que la sustentan: protección de los menores, impedimento de la adicción, de la ruina y del daño económico, y regulación y control del acceso al mercado.

Pérez explicó además que los objetivos del proyecto de ley del Gobierno canario, que ahora debe aprobar el Parlamento, son reforzar las medidas de protección. Además, se referió a la regulación de algunos aspectos de esta actividad, para evitar las malas prácticas.

En su intervención, explicó que en España, actualmente el juego es una actividad lícita, pero restringida y mirada con prevención por la sociedad; y, en algunos casos, temida, de ahí la importancia de su regulación legal. Señaló también que si bien la actividad está regulada, y con una especial intensidad, es la única actividad humana en la que una persona puede acudir a la autoridad para que le impida desarrollarla, y el Estado está obligado a ello.

El titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad hizo hincapié en que la nueva norma persigue, fundamentalmente, la salvaguarda de los menores y demás colectivos necesitados de especial protección, y para ello -entre otras cosas- prohíbe a determinados colectivos el uso de máquinas recreativas con premio en metálico y las de azar, y amplía la relación de personas que tienen prohibida la participación en los juegos.

También prohíbe que el ente público Radio Televisión Canaria (RTVC) emita publicidad que promueva el juego –tanto presencial como online–, y la publicidad en equipaciones, instalaciones, patrocinios de apuestas deportivas de competencia autonómica, siempre que la competición, actividad o evento deportivo sea de ámbito municipal, insular, provincial o regional.

Igualmente, suprime la posibilidad de instalar terminales de apuestas en los establecimientos de restauración y establece una distancia mínima de 200 metros entre establecimientos de juegos y de 300 metros entre estos y los centros docentes o de atención a menores.

Con su aprobación se dará cumplimiento a la Resolución 10L/PNLP-0065, sobre regulación efectiva del juego y las apuestas en Canarias contras las adicciones, aprobada por el Parlamento de Canarias en diciembre de 2019 y a la disposición transitoria segunda de la Ley 2/2020, de 14 de octubre, de suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales y otras medidas complementarias en materia de juegos y apuestas.