“Hoy las plataformas de apuestas ilegales en Chile se llevan los dineros a paraísos fiscales para no pagar impuestos”

“Hoy el Fisco no recauda. Hoy esa plata se la llevan a Malta y a otros paraísos fiscales, donde operan las plataformas de apuestas con presencia en Chile”. Con esas palabras, Carlos Silva Alliende, fiscal corporativo de Dreams, alertó a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados sobre una de las principales consecuencias del juego ilegal a nivel nacional, cuya regulación se discute al interior de dicho órgano del Congreso.

El abogado detalló que esta actividad, al margen de la ley, capta recursos de chilenos indiscriminadamente y sin control del Estado de Chile. “Todas las autoridades dicen que es un delito pero no fiscalizan, no se coordinan para encontrar solución ni se querellan. Y en su inacción, dejan que el delito produzca sus efectos”, afirmó.

Al respecto, detalló diversas acciones que podrían tomar las autoridades para disuadir el delito. Por ejemplo, “la Unidad de Análisis Financiero puede fiscalizar o denunciar ante el Ministerio Público por lavado de activos; la Superintendencia de Casinos de Juego tiene el deber de accionar ante los Tribunales de Justicia; el Servicio de impuestos Internos puede iniciar una persecución por delitos tributarios; y la Subsecretaría de la Niñez puede proteger a niñas, niños y adolescentes que juegan en dichas plataformas”.

Además, Silva hizo notar que, a pesar de ser un delito flagrante, el Ministerio Público no persigue con vehemencia el actuar de las plataformas, dando cuenta que la Policía de Investigaciones se tarda entre siete y nueve meses en pedir a la ANFP los contratos de publicidad con los sitios de apuestas.

El fiscal corporativo de Dreams enumeró tres aspectos por los cuales considera que el proyecto de ley que se analiza en el Congreso no funciona. El primero de ellos es que no genera recaudación a favor del Fisco antes de 2024. “Si se aprobara hoy mismo, serían mínimo 12 meses para implementar”, aseguró.

Como segundo punto, destacó que la propuesta “permite operar a los actuales ilegales en un futuro mercado regulado desde una posición de privilegio, promoviendo la competencia desleal”. A eso se suma que en términos de seguridad pública, no acaba con el delito y es ineficiente en la prevención del lavado de activos”.

Ante ese análisis, propuso a los diputados presentes en la sesión la generación de una ley corta que entregue la operación de las apuestas deportivas y los juegos de casino online a la Polla Chilena de Beneficencia y a los casinos que operan bajo la Ley 19.995.

Su vigencia sería por un plazo de cinco años, o hasta que comience a operar el nuevo mercado, tiempo en el cual propone subir el impuesto en un punto, con lo cual se generaría recaudación inmediata.

Como medidas complementarias, planteó elevar el juego ilegal a un delito base de lavado de activos, y que la Superintendencia de Casinos de Juego fiscalice y sancione, con facultad de bloquear sitios ilegales y coordinar acciones administrativas y judiciales contra el juego ilegal.

De todos modos, destacó que el proyecto de ley reitera la calidad de ilegal del juego de azar online, y establezca una nueva excepción que permitiría su operación. Asimismo, valoró que la propuesta considere la creación de una Política Nacional de Apuestas en Línea Responsables, y que faculte a la Superintendencia para solicitar la suspensión de las operaciones de las plataformas ilegales a proveedores de Internet y medios de pago, bancos e instituciones financieras.