Ante la Justicia

Chile: Dreams cargó contra la SCJ y Enjoy por “competencia desleal”

Dreams y Enjoy, cerca de la fusión pero enfrentados en la justicia.
13-10-2021
Chile
Tiempo de lectura 2:31 min
La cadena Dreams acusó al Grupo Enjoy ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) por infringir normas al otorgar créditos a clientes VIP, y participar en licitaciones de manera “engañosa”, citando el caso de Iquique.

En medio del anuncio de planes de una posible fusión entre Enjoy y Dreams -los dos principales operadores de la industria en Chile-, una acción judicial abrió una nueva grieta, que podría poner duda sus buenas relaciones y entendimiento.

La firma ligada a los hermanos Fischer acudió al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) e interpuso una demanda en contra de Enjoy, por una serie de comportamientos que consideró desleales, y actuó además contra la Superintendencia de Casinos (SCJ).

“El objeto de la demanda no es cuestionar ni impugnar los procesos de licitación, así como tampoco la aprobación de las bases licitatorias ni su adjudicación, sino que cuestionar el comportamiento desleal y abusivo ejecutado por el Grupo Enjoy con posterioridad, y bajo el amparo de la Superintendencia de Casinos de Juego", señala el escrito de 79 páginas presentado por Dreams.

El total de las multas que exigen alcanzaría los US$ 47 millones, y revive una relación entre Dreams y Enjoy marcada históricamente por los conflictos.

Cabe mencionar el proceso de licitación de 2016, cuando Enjoy se adjudicó cuatro plazas, entre las que se contaban los casinos de Puerto Varas y Pucón, con ofertas que duplicaban económicamente a su rival. El problema, según acusó Dreams, es que las propuestas de Enjoy son técnicamente inviables y, como prueba, señaló que ninguno de estos establecimientos se han construido a la fecha. La situación se agrava, según los representantes de Dreams, porque en estos cinco años Enjoy Pucón modificó su propuesta técnica original dos veces, lo que les permitiría ejecutar el proyecto en condiciones mucho menos competitivas que aquellas que existían al momento de la licitación.

“Esto es un claro acto de competencia desleal 'por la cancha', pues excluye a los demás competidores que podrían haberse adjudicado esas licitaciones con propuestas serias, realistas y que estaban dispuestos a ejecutar”, sostuvieron ante el TDLC los abogados Julio Pellegrini y Pedro Rencoret, del Estudio Pellegrini y Rencoret, y agregaron que si la SCJ “hubiese empleado una mínima diligencia, se habría percatado que las ofertas presentadas por Enjoy no eran viables, ni técnica ni económicamente”.

Por otra parte, en el proceso de licitación de Iquique, el acusado habría presentado una oferta “en blanco”, aumentando los costos de sus rivales. Esto, “con la única finalidad de engañar a los demás competidores y hacerlos presentar ofertas económicamente más gravosas”, expresaron los abogados en la acción contenciosa.

En conclusión de Dreams, esta maniobra tendría como trasfondo desviar la atención de sus rivales en operaciones en que no tiene interés, para bajar los precios de aquellas que sí lo tiene porque los saca de la jugada.

En su demanda, la operadora ligada a los hermanos Fischer alega que además la firma que se encuentra en un proceso de reestructuración societaria, compite deslealmente al otorgar préstamos a jugadores VIP. Según añade, de esa manera se genera una ventaja ilegítima respecto de los demás competidores. Además, agrega que se trata de una “conducta explotativa” respecto de ciertos consumidores que no jugarían, de no existir los préstamos prohibidos.

En detalle, critica que Enjoy ofrece préstamos de dinero a través de efectivo y fichas a usuarios VIP, con la excusa de extender cheques a plazo. Para reforzar su posición, los abogados detallaron que a la fecha, el operador tiene más de 600 juicios ejecutivos pendientes por el cobro de esos cheques, tanto en Santiago como en Viña del Mar y Antofagasta.

En la presentación se afirma que la entrega de préstamos a los jugadores ha sido “ejecutada con la aquiescencia de la Superintendencia, que se ha resistido a ejercer el control y supervisión que por mandato legal le corresponde”.

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