El portavoz de la Unión de Trabajadores de Salones de Juego de La Rioja (UTSAJU), Juan Luis Peñafiel, lamentó que los empresarios del sector y el Gobierno hayan sido "incapaces de llegar a un acuerdo", ya que la nueva normativa significará "la destrucción de la práctica totalidad de los 300 puestos de trabajo en la Comunidad".
La ley, que fue presentada por la presidenta de La Rioja, Concepción Andreu, determina que en un plazo máximo de siete años deberán cerrar sus puertas los salones de juego que se encuentren a menos de 200 metros de los centros docentes de enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional Básica y enseñanzas artísticas profesionales.
Ante esta embestida contra el juego legal, Pañafiel explicó que "los establecimientos no son tiendas de campaña que puedan moverse en función de los caprichos del gobierno de turno. Si los empresarios son conscientes de que en un plazo máximo de siete años van a tener que cerrar, ni contratarán nuevos trabajadores ni invertirán en sus locales".
Para el representante de los trabajadores, la normativa "no puede ni debe tener efectos retroactivos", y calfiicó a la medida como cosmética, "ya que en un mundo en el que se puede apostar desde tu propia habitación a través de tu teléfono móvil, parece absurdo prohibir la actividad a 200 metros de los centros docentes".
El sindicalista advirtió que peligra toda la industria del juego local, ya que los riojanos que quieran apostar "no tendrán excesivos problemas en desplazarse unos pocos kilómetros y jugar en los salones de Navarra, Castilla-León, Aragón o País Vasco", y además destacó que "no es un buen momento para renunciar a los impuestos que ingresa el ejecutivo regional por la actividad".