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19 de Octubre de 2021

Costa Rica

El impuesto a las loterías y la regulación de los chanceros ponen a la JPS ante un doble conflicto

El impuesto a las loterías y la regulación de los chanceros ponen a la JPS ante un doble conflicto
La presidenta de la JPS, Esmeralda Britton González, suma críticas por el gravamen a los premios y el abandono que implica para los pequeños comerciantes tiemperos y chanceros.
Costa Rica | 15/03/2021

Desde el ejecutivo nacional impulsan un gravamen a los premios de la Lotería y los chanceros quieren evitar la prohibición de venta de cartones que no sean autorizados por la Junta de Previsión Social (JPS). El organismo tiene abierto estos dos frentes de batalla, que por diferentes motivos, ponen en jaque su recaudación.

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a Junta de Protección Social (JPS) de Costa Rica se encuentra en un doble conflicto debido al proyecto de ley que pretende gravar los premios de las loterías y del cual el presidente de la Nación, Carlos Alvarado, es uno de sus principales impulsores. Por un lado la decisión desalentaría a la población del juego e impulsaría las redes ilegales, y por el otro, la potencial regulación que obligaría a los chanceros a vender únicamente los cartones aprobados por la JPS, los llevó a manifestarse frente a la Asamblea Legislativa. La futura legislación encuentra cada vez más detractores, por más de que desde las autoridades afirmen que su aprobación generaría una recaudación anual de unos US$ 66,8 millones.

La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) Franggi Nicolás, la misma que hace un mes había dicho que gravar los premios le parecía una grosería, aseguró en TN7 que la administración quiere "ponerle impuestos incluso a la esperanza de los costarricenses" y que esto pone en riesgo la finaciación de la JPS porque desincentivará a la población de jugar, al saber que sus ganancias serán menores.

Para su par Jonathan Prendas Rodríguez esta realidad es preocupante porque "al no existir ninguno medio de control actualmente, sería darle rienda suelta a las loterías informales".

"Tenemos la responsabilidad de verificar y plantear diferentes alternativas que permitan que la protección social no se vea afectada por los proyectos que están planteados. En ese sentido, estamos todavía terminando de afinar algunos escenarios", reconoció la presidenta de la JPS, Esmeralda Britton González, en un intento de apaciguar las críticas.

Por otro lado, el viernes a la mañana vendedores de lotería, conocidos localmente como tiemperos y chanceros, se manifestaron frente a la Asamblea Legislativa para protestar con el proyecto.

"Este fue un proyecto que la JPS muy astutamente lanzó en medio de la pandemia, haciéndole tomar consciencia a la gente de que no salieran, pero que compraran en los puntos G-Tech, empresa que no es costarricense, sino de aranceles colombianos. Y la JPS lo que quiere es eliminar a todo vendedor de lotería, para dejar que todo sea distribuido por ellos y así quitarnos el sustento", reclamó Sergio Ramírez, del grupo de vendedores de la provincia de Cartago, a Noticias Repretel.

"No nos vamos a esconder porque no somos delincuentes, hay 45 mil familias que comen de esto. Es un trabajo honrado y no se está robando a nadie, sólo pedimos que nos dejen trabajar. Estamos dispuestos a pagar impuestos y un canon. Queremos que nos escuchen, tenemos propuestas”, aseguró el representante del Comité de Vendedores Independientes, Francisco Rodríguez.

En términos institucionales, el legislador Prendas Rodríguez, aclaró sobre el rubro que "deben ser formalizados, para darle seguridad laboral, pero con las trabas de inscripción que hay en la Caja esto sería prácticamente imposible".

El diputado Dragos Dolanescu estuvo en la movilización para apoyar el reclamo: "No hablamos de que son mafias con dinero sucio que se infiltraron en nuestros barrios. Son personas que buscan cómo ganarse la vida pulseándola con estas actividades", explicó, y luego cuestionó duramente los castigos de entre cuatro y ocho años de prisión que les esperarían a los vendedores que no se adapten si se aprueba el proyecto. "Estamos hablando de penas iguales que distribución de pornografía infantil, sabotaje informático o corrupción de jueces", protestó.

Como es evidente, la JPS se encuentra en una encrucijada. Si bien Costa Rica es uno de los pocos países del mundo donde no se gravan los premios del juego, hacerlo podría generar una migración natural hacia el mercado ilegal, lo que implicaría menos dinero para el organismo. Y por el otro lado, las acusaciones de querer beneficiar a G-Tech en desmedro de los tiemperos y chanceros, y la futura obligación de sólo vender cartones autorizados por la entidad, pone de manifiesto un problema social que amenaza con intensificarse en caso de aprobarse la legislación.

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