Codere asegura que no hay evidencia de que las casas de apuestas cercanas a colegios afecten a menores

La compañía Codere se pronunció contra las medidas de no instalar casas de apuestas en las cercanías de los establecimientos educativos, un decreto que con diferencias regionales comenzó a funcionar desde hace poco en toda España. Asegura que no existe evidencia científica para la política pública, que Málaga, entre otras localidades, tomó en forma reciente.

"La evidencia muestra que la distancia de locales respecto a centros educativos y otros lugares considerados sensibles, así como la distancia entre locales, no es un factor relevante en la protección del acceso de menores", explicaron en el informe integrado de 2020 que enviaron a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), según registró elDiario.es, medio que además aseveró que desde la compañía le comunicaron que "no hay ningún estudio que determine que las distancias son eficaces, o cuál es la distancia adecuada para prevenir. En el caso de los jóvenes, ¿qué sucede entonces el fin de semana?".

Entre los estudios en los que la operadora española se ampara, se encuentra una nota que publicó en enero la Fundación de Patología Dual (FPD). El presidente de la organización, el psiquiatra Néstor Szerman, asevera allí que "no se ha demostrado con evidencias científicas que esto influya de forma decisiva en las adicciones de menores, sobre todo si se respetan medidas de control estrictas, como tampoco lo es que los bares que están cerca de colegios fomenten un problema de alcohol, sobre todo si existen medidas restrictivas y de control de acceso eficaces".

"En España tenemos más bares en una manzana que Dinamarca quizás en una ciudad y el porcentaje de alcohólicos es el mismo", declaró a elDiario.es Szerman, quien además garantizó que su fundación no recibe ningún tipo de financiamiento por parte de la industria del juego. Además pidió "apoyarse en evidencias científicas para abordar la prevención" de la ludopatía, a la que calificó como "un trastorno mental como cualquier otro", tras rechazar las "medidas coercitivas o moralistas" que se le aplican, ya que "debe abordarse desde la evidencia científica, como la cardiología, la oncología o cualquier otra especialidad. Si piensan que esa es la medida para atajar el problema, evidentemente decimos que no".

Otro estudio que la multinacional española destacó es el del profesor de la Universidad de Extremadura Jordi Ortiz, el cual realizó centrado en la localidad española de Cáceres y su juventud, sobre 893 menores de entre 14 y 17 años de 17 diferentes colegios. Allí dice que "la normativa sobre distancias se ha realizado de manera escasamente meditada, atendiendo a procesos de alarma social y con una guía técnica, en apariencia, arbitraria, con el fin de atender a las magnitudes simbólicas del fenómeno, antes de centrarse en las magnitudes empíricas".  

"Si atendemos a los resultados de la investigación sobre los efectos de las políticas públicas a la hora de resolver un problema de carácter social, como es actualmente el juego en nuestro país, los resultados sugieren que el impacto normativo es nulo en muchas localidades, pues incumplen claramente la normativa", precisa Ortiz, quien reconoció que presentará un nuevo trabajo este mes en el congreso de la Red Española de Política Social en Bilbao. "Al día de hoy no contamos con estudios en profundidad. Se desconocen cuales son los efectos que tiene la proximidad geográfica sobre la población más vulnerable. Sólo encontramos algunos países de nuestro entorno que han puesto en marcha políticas públicas parecidas a las comunidades autónomas de nuestro país. A pesar de que existen indicios sobre la importancia del elemento geográfico respecto al juego, necesitamos evidencias mucho más claras", razonó.

En el documento que Codere mandó a la CNMV, "defiende una regulación que ordene la instalación de locales, su tamaño y los tipos de juego que se pueden ofertar, con el objetivo de disminuir de manera racional la incidencia del juego problemático y siempre que en ningún caso se afecte a las inversiones y operaciones ya establecidas" y pide claridad "evitando, en lo posible, la discrecionalidad de las autoridades". También exige que "se limite el número de locales sobre la base de estudios demográficos objetivos".

Cabe destacar que la situación económica de la operadora española no es nada tranquila. Declaró que debe impuestos en cuatro países por €110 millones y cerró el balance anual con una baja del 57% en su facturación. Además, su opinión respecto de estos temas está avalada en los reconocimientos públicos que recibió por su responsabilidad social corporativa en cuanto a campañas a favor del juego responsable, una política permanente de la compañía.