Sun Dreams: "Nuestro permiso de operación en Chile vence en 2024"

La empresa rechazó las versiones de la prensa regional, que sugerían esta posibilidad, luego de que la Corte de Apelaciones de Punta Arenas rechazara un recurso de protección presentado por Sun Dreams contra la Superintendencia de Casinos de Juego, cuyo actuar consideran “ilegal y arbitrario”.

“El permiso de operación del casino de Punta Arenas vence en 2024, y su continuidad no se ve afectada en modo alguno por la sentencia de la Corte de Apelaciones”, enfatizó la empresa.

“La sentencia de la Corte de Apelaciones -agregaron-, sin pronunciarse sobre el fondo de lo discutido, resolvió que esta materia debe ser discutida mediante un procedimiento de conocimiento y no un recurso de emergencia, como lo es el de protección. Frente a lo resuelto, hemos presentado un recurso de apelación ante la Corte Suprema, para que enmiende este error de apreciación y revoque la sentencia recurrida, acogiendo la acción constitucional deducida por Casino de Punta Arenas. Esto se debe a que el recurso de protección tiene por objeto cautelar, en un procedimiento de emergencia, los derechos constitucionales conculcados por un actuar ilegal y arbitrario, siendo compatible con otras vías de impugnación, cual es precisamente el caso”.

El recurso de protección fue presentado el 25 de agosto de 2020 en contra de la Superintendencia de Casinos de Juego, y busca que se deje sin efecto las nuevas Bases Técnicas que rigen el otorgamiento y renovación de permisos de operación.

“Al dictar estas resoluciones, la Superintendencia actuó -en nuestra opinión- de manera ilegal y arbitraria, porque aplicó a la renovación de dichos permisos una normativa que no corresponde, cambiando las reglas del juego”.

La empresa recordó que la Ley 20.856 de 2015 dice: “Los permisos de operación otorgados con anterioridad a la modificación de la presente ley se regirán por las normas vigentes al tiempo de su otorgamiento, salvo que las normas posteriores impliquen mejores condiciones para su operación”.

La ley vigente al momento de la adjudicación era la Ley 19.995 de 2005 y es esta normativa la que, a juicio de Dreams y otras empresas del rubro, no ha sido respetada por las nuevas bases técnicas dictadas por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ). Mientras esta normativa privilegiaba a quienes hicieran las mayores inversiones estatales, la SCJ ahora privilegia el mayor aporte al fisco.