La Asociación Española de Empresarios de Salones de Juego (Anesar) expresó su "profunda preocupación" por la intención del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de retomar la tramitación del Anteproyecto de Ley que debe modificar la Ley 6/2001 del Juego de la Comunidad de Madrid.
Los empresarios del juego temen que la Comunidad de Madrid asuma los postulados de la izquierda radical y no regule siguiendo criterios objetivos y proporcionados, y piden a la presidenta Isabel Diaz Ayuso que no se deje llevar por cuestiones de sesgo político e ideológico al que se está sometiendo a esta actividad en otras Comunidades Autónomas que supongan el cierre de salones de juego ya existentes. "Poca seguridad jurídica puede ofrecer la Comunidad a los empresarios si primero les permitimos hacer fuertes inversiones y a contratar a personal para después obligarles a cerrar la persiana".
Anesar cree necesario que la nueva regulación nazca fruto del diálogo con el sector, y ofrece la máxima colaboración para que la norma colabore con los objetivos planteados por el Gobierno regional respecto del juego sostenible, seguro y responsable y a la vez, y garantizar la viabilidad de las empresas y de los puestos de trabajo.
Por último, la asociación recordó que en la Comunidad de Madrid hay 471 salones de juego frente a los 2.200 puntos de venta de la ONCE y que mientras unos "tienen su acceso muy controlado, otros pueden vender sin ningún tipo de control sus boletos. La campaña contra el juego privado debe encontrar un muro en la Comunidad de Madrid".
El sector del juego privado en la Comunidad de Madrid representa cerca de 1.000 empresas de todos los tamaños, 9.000 puestos de trabajo directos y una aporte fiscal a las arcas de la Comunidad de más de 150 millones de euros.