Chile: "No es un problema de libre competencia, es simplemente la aplicación de las normas"

Como explica el Diario Financiero, los intentos por llegar a un acuerdo entre la Asociación de Casinos de Juego (ACCJ) y el Gobierno -para tomar medidas por la pandemia y cómo realizar la renovación de 12 plazas que quedarán disponibles entre 2023 y 2024- se detuvieron abruptamente este lunes, luego que el gremio se retirara de la mesa de diálogo con Hacienda.

La razón que esgrimen es que la Superintendenta de Casinos de Juego, Viven Villagrán, no ha cambiado su convicción de que todos los actores deben regirse por el mismo proceso licitatorio, el que en definitiva consiste en presentar una oferta económica para adjudicarse las plazas.

Rodrigo Guíñez, gerente general del gremio, reiteró que buscan que se les aplique la posibilidad de renovar las plazas como se estableció en 2005. “No se trata de que no haya licitación, sino que la renovación se haga en la forma y condición de 2005, que se respete la certeza jurídica”, explicó.

Consultado en relación a si el objetivo es que se liciten las plazas de acuerdo al modelo de concurso de belleza, con el cual realizaron sus inversiones -que consiste en la presentación de un proyecto y en la evaluación de los atributos-, dijo que “más allá del nombre, la renovación tiene que hacerse en la forma y condiciones de la ley original, ya que se hicieron grandes sumas de dinero en inversión”.

El problema consiste en cómo se podría realizar el otorgamiento y renovación de las licencias. Según la autoridad reguladora, no se podría llevar a cabo un modelo de oferta económica para los nuevos operadores y a la vez otro de concurso de belleza para los antiguos, ya que vulnera el principio de libre competencia.

Guíñez sostuvo que “no es un problema de libre competencia, es simplemente la aplicación de las normas. La disyuntiva que plantea la Superintendencia, de que debería aplicar dos sistemas para una misma licitación, no tiene lógica y no forma parte la normativa vigente. Lo que corresponde es que todos los permisos que el Estado chileno otorgó bajo un mecanismo de licitación por 15 años deben ser renovados en un proceso de licitación que mantenga las reglas existentes cuando estos fueron entregados”.

Respecto de por qué la industria comenzó a hacer sus descargos frente a la modificación de 2015, que introdujo el modelo de oferta económica a las bases solo a inicios de este año, Guíñez explicó que cuando analizaron los cambios a la norma en ese periodo “quedamos muy tranquilos”, ya que la industria veía que estaban amparados bajo el Art 3° de la ley de casinos.

Pero en marzo se dieron cuenta que el regulador “estaba optando por un modelo de oferta económica que entendemos para nosotros no es aplicable”, por lo cual ese mismo mes solicitaron una reunión con la Subsecretaría de Hacienda. Si bien no descartan volver a entablar las conversaciones, enfatiza que solo lo harán mediante lineamentos claros.