Edición Latinoamérica
01 de Diciembre de 2020

Tras las declaraciones públicas de Vivien Villagrán titular de la SCJ

La Asociación Chilena de Casinos de Juego rompe el diálogo con el Gobierno

La Asociación Chilena de Casinos de Juego rompe el diálogo con el Gobierno
Los responsables de la ACCJ decidieron retirarse de la mesa de diálogo tras las declaraciones de la Superintendenta de Casinos de Juego, reflejadas ayer por la prensa chilena.
Chile | 08/09/2020

Las autoridades de la ACCJ decidieron abandonar la mesa de diálogo que se había entablado con el Gobierno chileno, a partir de las declaraciones de la Superintendenta de Casinos de Juego de Chile, quien consideró nuevamente que la licitación deberá llevarse adelante bajo un modelo de valoración económica y no en base a lo licitado originalmente. “Las afirmaciones realizadas por la superintendenta entorpecen e impiden continuar las conversaciones con el Gobierno”, señalaron.

E

n una carta pública, la entidad destacó que “en las últimas semanas, la Asociación Chilena de Casinos de Juego fue invitada por la Subsecretaría de Hacienda a una mesa de diálogo tras las denuncias públicas que realizamos contra la Superintendencia de Casinos de Juego, entidad que activó un proceso de licitación de los permisos de operación que no se ajusta a la ley vigente”.

“El regulador decidió renovar los permisos de operación con reglas definidas para los casinos municipales en el año 2015, cuando la misma ley 19.995, promulgada ese año, resguarda el derecho que a los permisos otorgados en el proceso del año 2005 se les apliquen las normas existentes cuando se otorgaron dichos permisos”, enfatizaron.

La ley es absolutamente clara. El artículo 26 de la ley 19.995, de carácter permanente, señala que ‘el permiso de operación se otorgará por un plazo de quince años, contado desde el otorgamiento del certificado a que se refiere el inciso tercero del artículo 28. Antes de su vencimiento, tales permisos podrán ser renovados mediante un procedimiento análogo al establecido para el otorgamiento de un permiso originario’".

La ACCJ consideró que “este artículo, además, se refuerza y complementa con lo dispuesto por el artículo tercero transitorio inciso quinto de la citada ley, el cual sostiene que ‘los permisos de operación otorgados con anterioridad a la modificación de la presente ley se regirán por las normas vigentes al tiempo de su otorgamiento, salvo que las normas posteriores impliquen mejores condiciones para su operación’”.

Nuestro gremio -agregaron-, que agrupa a la mayoría de los casinos que operan en Chile, aceptó la invitación de la Subsecretaría de Hacienda de buena fe, entendiendo el interés de la autoridad de resguardar el Estado de derecho en un sector que ha invertido más de US$ 2.000 millones en el país y que ha generado miles de empleos”.

“Sin embargo, hoy nos vimos sorprendidos con declaraciones públicas realizadas por la Superintendenta de Casinos de Juegos, Vivien Villagrán, quien insiste en que corresponde aplicar un modelo de licitación que es abiertamente ilegal. Esta interpretación equivocada nos ha obligado a recurrir a los tribunales locales y a estudiar opciones en cortes internacionales para resguardar nuestros derechos”, reconocieron desde la ACCJ. “Además, consideramos absolutamente grave e inoportuno que esta autoridad sectorial fije una posición que vulnera la ley, en momentos en que la Subsecretaría de Hacienda y los actores de la industria estamos buscando consensos necesarios para restablecer la certeza jurídica”.

“Sin duda, las afirmaciones realizadas por la superintendenta entorpecen e impiden continuar las conversaciones con el Gobierno, que estimábamos sinceras, y, además, vulneran las condiciones de confidencialidad que fueron acordadas”, reconocieron. “En virtud de las declaraciones hechas por la superintendenta y lo expresado precedentemente, los miembros de la Asociación Chilena de Casinos de Juego hemos acordado retirarnos de la mesa de diálogo mientras la Subsecretaría de Hacienda no reestablezca las garantías necesarias para trabajar en la búsqueda de consensos en pos de la industria, sus trabajadores, sus familias y las correspondientes comunas y regiones”.

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