Los partidos que impulsan esta ley han manifestado en sede parlamentaria y ante los medios de comunicación que esta ley “no enviará a nadie al paro”, y que los salones lo único que tendrán que hacer es “adaptarse al contenido de la ley cuando acabe su licencia”, señalan desde la Unión de Trabajadores de los Salones de Juego (UTSJCV).
“Para adaptarse a la ley, un 95% de los 426 salones existentes deberá cerrar sus puertas. Cuando eso ocurra, los trabajadores seremos despedidos”, asegurron desde UTSJCV.
Los partidos que apoyan esta ley han dicho que es necesaria “para alejar el juego de los centros educativos”. No es cierto, los bingos y los lugares en los que se puede jugar a la lotería del Estado o a la de la ONCE permanecerán abiertos en los lugares en los que se encuentran, favoreciendo de este modo el establecimiento de un monopolio del juego en manos del Estado, y de los concesionarios de los bingos”, enfatizaron.
Por tanto, los trabajadores señalan que “la ley prevé el cierre de 426 salones de juego, condena a 2.500 personas al paro, y otorga a los Bingos y al juego público y semipúblico, el monopolio del sector”.