Rechazo judicial a los amparos contra los gravámenes

México: los casinos de Aguas Calientes deberán pagar impuestos locales

El Impuesto a la Realización de Juegos con Apuesta un cobro para el apostador del 10% del dinero que pone en juego; y un tributo a las casas de apuestas, correspondiente al 6% de sus ganancias.
10-10-2019
Tiempo de lectura 1:14 min
“Las casas de apuestas estarán obligadas a pagar tributos a nivel local, luego de que por la vía jurídica este tipo de establecimientos intentaron evitar el cobro de retenciones a los apostadores, así como los tributos sobre las ganancias obtenidas”, informó Jaime González de León, titular de la Secretaría de Finanzas.

Cabe recordar que este año se estableció, por primera vez en la legislación local, el Impuesto a la Realización de Juegos con Apuesta, el cual establece un cobro para el apostador, a quien se le retiene un 10% del dinero que pone en juego; y se instituyó también un tributo a las casas de apuestas, correspondiente al 6% de sus ganancias. Las empresas del sector se opusieron a las nuevas disposiciones y tramitaron amparos, que la Justicia terminó rechazando.

Jaime González indicó que la dependencia que encabeza ganó por vía judicial ante los amparos presentados por los siete casinos –la totalidad de los que están establecidos en el estado–, de las cuales solo uno siguió el proceso ante otras instancias superiores, pero dice tener confianza en que se gane la resolución.

González de León, Titular de la Secretaría de Finanzas, subrayó que tras la sentencia los casinos tendrán que poner al día los tributos correspondientes a los primeros meses del año, pues ya tienen referencia del modo en el que deberán calcular los impuestos y cumplir con dicha obligación fiscal; y agregó que no descartan establecer un diálogo para que dicho proceso sea accesible para los operadores.

Finalmente, el Titular de la Secretaría de Finanzas aseguró que el Impuesto a la Realización de Juegos con Apuesta todavía no se refleja en ingresos importantes para el estado, porque los litigios provocaron que se retrasara la recaudación, y además, al ser el primer año de su aplicación, la estimación es conservadora: calculan recibir entre 10 y 15 millones de pesos por dicho concepto.

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