El último viernes, el partido español Podemos, presentó ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia contra el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso así como también contra el director insular de Hacienda, Juan Carlos Pérez Frías, y los miembros del Consejo de Gobierno insular que votaron a favor de la venta, por presuntos delitos de prevaricato y malversación en la tasación realizada para la venta de los tres casinos públicos.
Según eldiario.es, Julio Concepción, representante del partido ante la denuncia y miembro del consejo de administración de Casinos de Tenerife, explicó que el Cabildo de Tenerife estableció una base para la licitación muy inferior a lo que debería ser y asegura que se pueden notar “muchas irregularidades” en el proceso.
Sin embargo, durante el día de ayer en el “Encuentro de Líderes”, Alonso ratificó la decisión de seguir adelante con la venta de los inmuebles, a pesar de que hubo un "intento claro de amedrentar la voluntad del grupo de gobierno y también a los funcionarios del Cabildo". Según presidente del Cabildo de Tenerife, el objetivo principal de la venta es que el comprador genere un nuevo producto turístico en la isla para que el juego siga contribuyendo a la actividad turística, pero esta vez en manos de empresas privadas. El comprador deberá garantizar el mantenimiento de la plantilla durante al menos dos años y respetar todas sus condiciones laborales. Los recursos que se obtengan de la venta serán destinados a financiar infraestructuras sociosanitarias de la Corporación insular.