Para Jair Bolsonaro la apertura de casinos en Brasil es un tema legislativo

El Partido Humanista de la Solidaridad (PHS) elevó en enero una acción constitucional (ADPF 563) ante el Supremo Tribunal Federal (STF) con el propósito de anular dos decretos (uno de 1941 y otro de 1946) que prohíben la operación de juegos de azar a particulares, y así legalizar la industria. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sostuvo que es el Congreso el que debe pronunciarse sobre esta materia.

"Nuestro abogado —de la Procuraduría General de la Unión (AGU, por sus siglas en portugués)— presentó su posición, pero no es una imposición. Si tiene que dejar de ser una contravención o no debe ser decidido por la Cámara de Diputados y el Senado", sentenció el mandatario el pasado jueves 25, durante una transmisión en vivo a través de su cuenta de Facebook.

El PHS argumenta que "permitir la explotación privada del juego no ofende la moral y las buenas costumbres y está en perfecta sintonía con la legislación de la gran mayoría de los países del mundo. La prohibición no encuentra sustentación y validez en la Constitución de 1988".

La Procuraduría General de la Unión, representada por el abogado André Mendonça, envió el miércoles al STF una presentación opuesta a la del PHS, donde afirmó que "la práctica de los juegos de azar suscita múltiples implicaciones socialmente nocivas". El jueves, al lado de Jair Bolsonaro, reforzó su posición: "El juego de azar es una puerta de entrada para el lavado de activos, actividades ilícitas, ocultación de patrimonio, y genera vicio, no podemos aceptar que el juego sea legal y a eso nos opusimos".

Ahora el STF debe definir si la contravención por la explotación de juegos de azar, que consta en la Ley desde 1941, se contrapone a los preceptos de la Constitución brasileña de 1988.