Dos de ellos tenían la concesión de la Junta de Protección Social

Costa Rica: clausuran seis locales de lotería ilegal

En estos operativos participan representantes de la JPS en coordinación con la Fuerza Pública, Policía Fiscal, Ministerio de Salud y otras entidades de cada jurisdicción.
28-02-2019
Tiempo de lectura 1:36 min
Tras dos operativos en las municipalidades de Barva de Heredia y San Ramón, se logró cerrar tres comercios en cada jurisdicción. En los cuatro que no tenían concesión para lotería oficial, el gobierno local puede quitar la patente municipal o iniciar un proceso judicial de existir reincidencia.

Dos personas que cuentan con permisos de la Junta de Protección Social (JPS) para comercializar sus productos podrían perder sus concesiones al verse involucradas en la venta de lotería ilegal. Así lo confirmó Enrique Villalobos, del departamento de Supervisión de Ventas, quien manifestó que estos vendedores deberán enfrentar el proceso judicial correspondiente.

Después de realizar dos amplios operativos en coordinación con las municipalidades de Barva de Heredia y San Ramón, se logró clausurar seis locales comerciales (tres en cada cantón) en los que se efectuaba esta actividad ilegal.

Respecto a los cuatro casos restantes, el respectivo gobierno local deberá actuar ya sea quitando la patente municipal o bien iniciando un proceso judicial si hay reincidencia porque llevan a cabo una venta no autorizada.

De acuerdo con las proyecciones de la JPS, los juegos ilegales manejan hasta ¢100 mil millones (cerca de USD 164.622.000) en el país, cuyo capital no se tiene claro de dónde proviene. “Esa actividad ilegal no paga impuestos y tampoco lleva consigo el beneficio social hacia poblaciones en vulnerabilidad, como sí lo hace la Junta con las loterías estatales”, explicó Villalobos, según un comunicado de la JPS.

Por su parte, Esmeralda Britton, presidenta de la JPS, destacó que el año pasado “la Junta alcanzó ventas récord, pagó más de ¢5 mil millones en impuestos para contribuir con las finanzas públicas, las personas vendedoras de lotería ganaron alrededor de ¢33 mil millones, pagamos más de ¢173 mil millones y se logró transferir ¢38 mil millones a las poblaciones en vulnerabilidad, en apoyo a las personas que más requieren nuestra solidaridad”.

Los allanamientos son el resultado de distintas etapas de trabajo de la JPS con entes externos. Por caso, se desarrolla un plan de capacitación con las municipalidades y de cuerpos policiales para intervenir en conjunto en esos comercios ilegales.

En estas acciones participan, además de representantes de la JPS, Fuerza Pública, Policía Fiscal, Ministerio de Salud y otras entidades, según las características de la zona donde se efectúa cada operativo. Una acción similar se llevó a cabo el año anterior y continuarán en diferentes cantones.

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