La Autoridad de Fiscalización del Juego (AJ) de Bolivia cumplió ocho años, el sábado 23 de febrero, protegiendo los derechos de la población boliviana a participar en los juegos de azar en condiciones de igualdad, legalidad y transparencia.
La AJ inició actividades el año 2011, tras la promulgación de Ley 060, como institución pública, con personalidad jurídica y patrimonio propio, independencia administrativa, financiera, legal y técnica, supeditada al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, con jurisdicción y competencia en todo el territorio boliviano, siendo la única entidad facultada para otorgar licencias y autorizaciones, fiscalizar, controlar y sancionar las operaciones de juegos de azar, lotería y promociones empresariales.
Con esa misión, en estos ocho años de servicio, se legalizaron más de 6.000 promociones empresariales, a través de las cuales empresas e instituciones entregaron más de 1.000 millones de bolivianos en premios.
La AJ ha desarrollado acciones de control y fiscalización interviniendo a nivel nacional 1.520 sitios de juego ilegal, siendo Santa Cruz (700) el departamento con mayor cantidad de intervenciones realizadas, seguido por Cochabamba (247) y La Paz (153).
Asimismo, se han destruido un total de 9.173 máquinas de juego para evitar que regresen al mercado ilegal y su destrucción no contamine el medio ambiente.
La Autoridad de Fiscalización de Juego ha puesto a disposición de la ciudadanía herramientas tecnológicas que facilitan la solicitud de autorización para desarrollar actividades de juego mediante la Plataforma AJ en Línea y permiten verificar la legalidad de los sorteos, promociones o concursos a través de la app AJ móvil.
Con el propósito de brindar un servicio eficiente y en coherencia con las políticas de cero tolerancia a la corrupción del Estado Plurinacional de Bolivia, incorporó a su Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 el Sistema de Gestión Antisoborno 37001, promoviendo una cultura basada en principios de integridad, honestidad y transparencia, a partir de la implementación de controles adecuados que posibiliten prevenir y detectar hechos de corrupción.