La Autoridad de Fiscalización del Juego de Bolivia cumplió ocho años

La Autoridad de Fiscalización del Juego (AJ) de Bolivia cumplió ocho años, el sábado 23 de febrero, protegiendo los derechos de la población boliviana a participar en los juegos de azar en condiciones de igualdad, legalidad y transparencia.

La AJ inició actividades el año 2011, tras la promulgación de Ley 060, como institución pública, con personalidad jurídica y patrimonio propio, independencia administrativa, financiera, legal y técnica, supeditada al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, con jurisdicción y competencia en todo el territorio boliviano, siendo la única entidad facultada para otorgar licencias y autorizaciones, fiscalizar, controlar y sancionar las operaciones de juegos de azar, lotería y promociones empresariales.

Con esa misión, en estos ocho años de servicio, se legalizaron más de 6.000 promociones empresariales, a través de las cuales empresas e instituciones entregaron más de 1.000 millones de bolivianos en premios.

La AJ ha desarrollado acciones de control y fiscalización interviniendo a nivel nacional 1.520 sitios de juego ilegal, siendo Santa Cruz (700) el departamento con mayor cantidad de intervenciones realizadas, seguido por Cochabamba (247) y La Paz (153).

Asimismo, se han destruido un total de 9.173 máquinas de juego para evitar que regresen al mercado ilegal y su destrucción no contamine el medio ambiente.

La Autoridad de Fiscalización de Juego ha puesto a disposición de la ciudadanía herramientas tecnológicas que facilitan la solicitud de autorización para desarrollar actividades de juego mediante la Plataforma AJ en Línea y permiten verificar la legalidad de los sorteos, promociones o concursos a través de la app AJ móvil.

Con el propósito de brindar un servicio eficiente y en coherencia con las políticas de cero tolerancia a la corrupción del Estado Plurinacional de Bolivia, incorporó a su Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 el Sistema de Gestión Antisoborno 37001, promoviendo una cultura basada en principios de integridad, honestidad y transparencia, a partir de la implementación de controles adecuados que posibiliten prevenir y detectar hechos de corrupción.