La PRTHA alude a un estudio que cuestiona la nueva regulación

Puerto Rico: surge un contrapunto entre hoteleros y la Compañía de Turismo por tragamonedas

Clarisa Jiménez, presidenta de la PRHTA: "La verdad es que Spectrum es el único estudio serio sobre el tema y sus proyecciones imposibilitan que la reforma contributiva (que regula slots fuera de casinos) pueda ser neutral a los ingresos".
13-12-2018
Tiempo de lectura 3:15 min
La Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico (PRHTA) insistió en que la legalización de las tragamonedas incluidas en la nueva ley de reforma contributiva perjudican los ingresos producidos por los casinos. Esa conclusión se derivaría de un estudio elaborado por Spectrum Gaming Group. La organización rechazó así declaraciones de la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo, Carla Campos, quien negó la existencia de estudios actualizados al respecto.

Miguel Vega, expresidente de la junta directiva de la PRTHA, se manifestó mediante un comunicado escrito en contra de la postura de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR): “Estas expresiones son falsas e irresponsables. Decir que no existen estudios sobre el impacto negativo de la legalización de las tragamonedas en nuestra industria es deshonesto y poco serio. Entendemos la situación política que enfrenta la directora al ser una subordinada del gobernador (Ricardo) Rosselló, pero eso no le da derecho a faltarle a la verdad”.

Vega aludió al estudio “Market Analysis: Projected Impacts of Adding 30,000 Slot Machines in Puerto Rico”, de la firma Spectrum Gaming Group, que fue comisionado por la Compañía de Turismo en abril de 2013.

El informe, detalló, plantea que legalizar 30.000 tragamonedas provocaría pérdidas entre $149,1 y $194,6 millones, una reducción entre 45,8% y 59,8%. En el caso de la Universidad de Puerto Rico, que recibe una parte de los recaudos relacionados a los casinos, perdería entre $27,1 y 35,4 millones por año. Destacó también que el Fondo General y la propia CTPR perderían entre $32.5 y $42.5 millones.

En la misma línea, Clarisa Jiménez, presidenta y principal oficial de la PRHTA, sostuvo que se trata de un estudio ampliamente conocido en la industria y por el Gobierno. “Pasados directores ejecutivos de la CTPR han utilizado el estudio en vistas públicas, la propia directora Campos y su División de Juegos de Azar han hablado de este estudio en vistas públicas y programas radiales. Decir ahora que no ha visto el estudio es simplemente falso y deshonesto”, señaló.

“La verdad es que Spectrum es el único estudio serio sobre el tema y sus proyecciones imposibilitan que la reforma contributiva pueda ser neutral a los ingresos”, definió.

En tanto, Carla Campos replicó: "Las enmiendas a la reforma fueron el resultado de la información que brindó la CTPR a las distintas ramas sobre sus posibles impactos, utilizando como base dos informes comisionados por nuestra agencia en el 2007 y 2013. Más allá de estos informes, no contamos con un estudio actualizado que modele cuál sería el posible impacto a los ingresos recurrentes, ajustado a las condiciones y términos que establece la Ley".

Afirmó que los nuevos ingresos que proyecta recolectar la reforma contributiva con la legalización de las tragamonedas fuera de los casinos se destinarán "a fines dignos, pero no sustituyen los ingresos del fondo de desarrollo turístico generados por los recaudos de los casinos, de estos verse comprometidos".

En ese sentido, Campos señaló que su función y la de Turismo "seguirá siendo ser férrea defensora del turismo puertorriqueño".

"Nos corresponde elaborar un reglamento en los próximos 60 días, y fiscalizar en lo adelante lo que dispone la Ley. Durante este proceso velaremos por establecer las salvaguardas necesarias para los ingresos para el desarrollo turístico. Que no quepa la menor duda que seguiremos velando por los intereses del sector que representamos, tal como hemos hecho a la fecha", sintetizó la funcionaria.

Por su parte, el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Laboy, se mostró complacido con la versión que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares convirtió en ley esta semana. En octubre pasado había advertido que la reforma contributiva contenía enmiendas “nocivas”.

“La versión final que el gobernador firmó no tiene nada que limite las leyes 20 y 22. En cuanto a las tragamonedas, nos parece que pone a la Compañía de Turismo (CTPR) en una posición más cómoda de implementar algo que minimice el impacto al sector turístico”, expresó Laboy en declaraciones al diario local El Nuevo Día.

Así dio por resueltas las dos enmiendas que había cuestionado hace dos meses: el propuesto límite a los incentivos a la exportación de servicios, mediante la Ley 20, y también a los individuos inversionistas, con la Ley 22; además de la legalización de las tragamonedas –conocida como videolotería– por considerar que atentaría contra ingresos vitales para la Universidad de Puerto Rico (UPR) y podría canibalizar la recaudación de de casinos legales, que nutren a la CTPR.

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