El Cabildo de Tenerife cuenta con respaldo mayoritario para la privatización de sus casinos

Carlos Alonso recordó que la iniciativa responde al cumplimiento del acuerdo plenario de 30 de marzo de 2012, por el que se aprobó el Plan de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial. El pasado julio se acordó adjudicar las participaciones por 2.171.537,24 euros que se destinan a la financiación de inversiones en ámbito del medio ambiente y la sostenibilidad.

En cuanto a la venta de los tres casinos, el presidente destacó que la actividad del juego, más allá de los condicionantes vinculados a la promoción del juego por la administración pública y el debate social y sanitario vinculado, supone un riesgo y una contingencia para esta administración como ya se comprobó en los años de crisis en los que el nivel de deuda y pérdidas de los mismos ponía en riesgo la estabilidad financiera del Cabildo.

Según Alonso, los riesgos deben ser gestionados por el sector privado y no por la administración, entendiendo además que no es un servicio público. En cuanto a los beneficios de la venta, recordó que irán destinados a la construcción de una infraestructura social para la Isla con 100 plazas cuya construcción está prevista en 2019. Asimismo, recordó que la situación de los trabajadores está asegurada.

CC, PSOE y PP respaldaron la venta, mientras que Podemos fue el único que la rechazó. El portavoz del PP, Sebastián Ledesma, valoró positivamente "el proceso de desinversión. El Cabildo se tiene que desprender de las empresas públicas. La decisión es adecuada y acertada. Dejemos que el mercado se regule libremente".

Por su parte, el consejero del PSOE, Miguel Ángel Pérez, señaló que los puestos de trabajo estaban garantizados y que "desde hace tiempo se tenía que haber realizado esta desinversión con los casinos".

El portavoz de CC (Coalición Canaria), Alberto Bernabé, observó que los casinos "han acumulado 16 millones” y que el proceso de desinversión es "legal, impecable y necesario".

En tanto, el representante de Podemos, Fernando Sabaté, comentó: “Siendo públicos, ejercemos un mejor control sobre nuestros casinos y no se favorece, mediante su privativación posible usos para actividades económicas irregulares, como ocurre muchas veces con estas empresas".

Acción judicial del sindicato

El mismo viernes, el sindicato UGT (Unión General de Trabajadores) interpuso un recurso contencioso-administrativo en los juzgados de Santa Cruz de Tenerife contra la decisión del Cabildo de vender los casinos que hasta ahora gestiona.

El secretario general de UGT en Canarias, Gustavo Santana, afirmó en un comunicado que en el recurso se reclama la paralización de la privatización de los casinos de Tenerife, gestionados por empresas públicas que generan "beneficios millonarios". Calificó de "intolerable" que se trate de arrebatar un recurso que reporta beneficios para todos los tinerfeños y se "regale" a manos especuladoras.

"Los servicios jurídicos de UGT trabajan para detener un auténtico robo al patrimonio de los ciudadanos de esta isla", indicó Santana, que recuerda que el sindicato recurrió en primer lugar ante la Administración sin haber obtenido respuesta satisfactoria.

UGT “lamenta profundamente" que Coalición Canaria y el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, hayan encontrado en el PSOE un aliado para desarrollar estas políticas privatizadoras, y califica de "vergonzoso" que el grupo socialista en el Cabildo actúe "de espaldas a la sociedad y sea el cómplice de la derecha en este asunto, que pone en riesgo cientos de puestos de trabajo".