El coordinador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, elevó una solicitud a las autoridades de Monterrey, Apodaca y Guadalupe: “Nuestra Constitución es muy clara y prohíbe los casinos, así que es necesario que los municipios apliquen mano dura y clausuren aquellas salas de juego que no cuentan con los permisos correspondientes”.
Según el diputado, 12 de cada 30 casinos son irregulares. “En estos casos, el Estado no tiene facultad de cobrarles ningún gravamen”, dijo.
Para este año, los municipios tenían presupuestado recaudar $1.000 millones en concepto de impuesto a los establecimientos de juego.
“Si no se ha percibido lo presupuestado es porque se ha cobrado de forma incorrecta”, aseguró el funcionario, quien estima que los casinos podrían aportar más de $990 millones.