ldquo;Apreciando la libertad de nuestros ciudadanos (...), soy de la opinión de que no es necesario enumerar razones para la liberación, aunque ellas existan: generación de empleos, de ingresos tributarios, atracción de turistas extranjeros, retención de los brasileños que viajan para jugar en el exterior, promoción de los mercados hotelero y artístico, entre otros”, señala el letrado.
“La línea de pensamiento debe ser otra: ¿son procedentes las justificaciones invocadas para la prohibición? La respuesta es no. El riesgo de asociación del juego a conductas ilícitas (como el tráfico de drogas, la explotación de la prostitución, entre otros) es mayor en el actual escenario de casinos ilegales que tras la liberación, cuando su fiscalización sería institucionalizada. Y en su gran mayoría, los jugadores no son drogadictos y muchos viajan en familia”, enfatizó.
“El eventual uso de la actividad para el lavado de dinero no justifica el interdicto, o tendríamos que prohibir la venta de obras de arte, de animales de raza y tantos otras actividades. La posibilidad de inducir su adicción a una minoría -que merece respeto y cuidados- tampoco basta para prohibir una actividad practicada por la mayoría de los jugadores, en los límites de la recreación. ¿Y bajo ese razonamiento, qué medidas tendríamos que adoptar en relación a las bebidas alcohólicas? Por último, si esas objeciones fuesen serias, ¿cómo se explicaría la explotación de ciertos juegos por los gobiernos federal y estaduales? En resumen: regulación sí, prohibición no”, consideró Mauler Santiago.
