“No se necesitan nuevas normas para el juego ilegal, sólo se requiere que la Superintendencia de Casinos de Juego, la Corte Suprema, los municipios y la fiscalía apliquen con energía la ley vigente”, había disparado el abogado de la Asociación de Casinos de Juego, Juan Carlos Manríquez.
Ante estas declaraciones, la Asociación Gremial de Operadores, Fabricantes e Importadores de Juegos Electrónicos Recreativos de Premio Programado (FIDEN) salió al cruce. “Estamos seguros de que nuestros asociados operan legítimamente con patentes otorgadas por la propia autoridad, sin embargo, estamos conscientes de que la industria de las denominadas ‘tragamonedas populares’ necesita una regulación más moderna y clara, tal como lo han experimentado exitosamente Reino Unido, España, Italia, Argentina y Colombia”, indicó Jaime Curihual, presidente de la entidad.
Según un comunicado publicado en el medio local La Capital, el gremio manifestó: “Manríquez menospreció nuestro trabajo y dañó la honra e imagen de las personas que operamos dignamente esta labor”.
En este sentido, Carihual recordó que en el último tiempo la FIDEN impulsó un proyecto de ley que pretende regular las máquinas de entretenimiento electrónico. “Durante años, como asociación gremial hemos procurado difundir con seriedad y pragmatismo la necesidad de regular este sector. Sin embargo, se necesita la colaboración de todos los actores de la industria para alcanzar acuerdos y elaborar leyes que vayan en beneficio de todo el país”, dijo.