Argentina: exfuncionarios de Mendoza deberán devolver 187.000 dólares

El Tribunal de Cuentas provincial resolvió obligar al expresidente y a exmiembros del directorio del IPJyC a pagar casi 3.000.000 de pesos argentinos (187.000 dólares, aproximadamente) por irregularidades en la contratación del servicio de limpieza durante la gestión anterior.

El fallo 16.776 formula cargos por 2.913.292 pesos (181.600, aproximadamente) al expresidente del IPJyC, Carlos Bianchinelli; a los exdirectores, Federico Domínguez y Miguel Bondino; al coordinador de Administración y Servicios, Carlos Cardone; al contador general, Gonzalo Javier Jeréz; y a la contadora general, Carina Andreoni.

Irregularidades en la rendición del ejercicio 2014 llevaron al Tribunal a tomar la decisión. Los funcionarios no pudieron justificar gastos por 6.000.000 de pesos (374.000, aproximadamente). En agosto del año pasado, los mismos exfuncionarios habían sido sancionados y obligados a reembolsar poco más de 3.000.000 de pesos argentinos (187.000 dólares, aproximadamente).

Los fallos del organismo se originaron por las graves irregularidades en los balances presentados respecto de la contratación del servicio de limpieza de la empresa Masterful SRL. En esos informes existían incongruencias en cuanto a la cantidad de horas que se liquidaban a los empleados de la compañía. En el dictamen, el Tribunal se refirió a “horas abonadas sin la efectiva acreditación de la prestación del servicio” que se facturaban al IPJyC.

El organismo de contralor resolvió diferenciando dos aspectos: en el pago de servicio de limpieza por horas máquinas se consideró el pago como no justificado y una partida no comprobada por el monto de 2.512.500 de pesos (156.600, aproximadamente). En segundo lugar, se cuestionaban pagos de servicio de limpieza por horas hombres.

“Quedaron sin justificar horas hombres abonadas sin haberse acreditado documentalmente la prestación del servicio” –se lee en el fallo– ya que “excedían la cantidad de horas posibles que podría haber prestado el personal afectado en su jornada laboral y sus correspondientes francos semanales”.

El Tribunal de Cuentas les dio a los acusados un plazo de 30 días desde la notificación para que depositen la cuantiosa suma de dinero en el Banco de la Nación.