ALEA busca aportar información técnica para la reglamentación de nuevos gravámenes

Con la presencia de representantes de los organismos reguladores de los juegos de azar de Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Misiones, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego; autoridades y asesores legales de cámaras, federaciones y entidades civiles (CAOLAB, FACALQA, CAOLN, ALAJA, entre otras); y de las empresas proveedoras y concesionarias, se plantearon las posibles implicancias desde el punto de vista legal, económico e impositivo. Y se consensuó continuar el intercambio de aporte y elementos con el objetivo de proveer información técnica de manera de mensurar el impacto económico para las provincias, que se prevé sufrirán una importante disminución de los recursos destinados a desarrollo social por parte de los entes oficiales provinciales.

Al respecto, los presentes manifestaron también la preocupación que suscita la aplicación de la ley por los graves perjuicios sobre las fuentes de trabajo y las empresas concesionarias. En ese sentido, Alfredo Monaco, señaló: “El juego legal en Argentina, en salas y casinos, o se acaba o va a tener un costo muy alto que para vamos a tener que ir manteniendo por las fuentes de trabajo y las obligaciones contractuales pero que va a ir en disminución y eso va a afectar fundamentalmente a todos los fondos que destinamos en forma directa a Acción Social, Educación y Salud”.

En declaración pública de ALEA, publicada en diciembre pasado, se alertó sobre esta cuestión, al señalar que al elevar la presión impositiva sobre el sector regulado y controlado, se favorece el avance del juego ilegal, que no posee carga impositiva alguna, emplea personal en negro y aprovecha vacíos legales vigentes para comercializar juegos de azar en todas sus variantes.

Durante el encuentro, entre otras cuestiones se plantearon las objeciones que suscita la ley en cuanto a su constitucionalidad, al legislar una materia no delegada por las provincias a la nación como es la regulación de los juegos de azar. Además, se expuso la preocupación acerca de la inseguridad jurídica que produce su aplicación en virtud que altera la ecuación económica de los contratos aún vigentes y en cumplimiento, lo cual podría acarrear juicios a los entes reguladores y, en consecuencia, a las provincias.

Como conclusión de la jornada, se resolvió iniciar gestiones para aportar información técnica en la reglamentación de la citada ley ante las autoridades de la AFIP. Y, por último, se propuso consensuar las posibles vías de acciones judiciales que de la aplicación de la presente ley se pudieran generar.