Boldt adquiere el 100% de Trilenium Casino

El viernes de la semana pasada, un director de SCP junto con un escribano sellaron la transacción que ahora espera la aprobación del juez que entiende en el proceso de quiebra de SCP.

Se trata de una operación sorpresiva ya que hasta la semana pasada SCP insistía en dejar sus acciones en manos del empresario Cristobal López; que, en 2014, había acercado una oferta por $ 108 millones, que luego fue rechazada por el juez que lleva adelante la quiebra de la ex empresa de Santiago Soldati y que, por lo tanto, debió ser prorrogada en varias oportunidades. El problema fue siempre el mismo. Un fallo judicial emitido por la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial que congeló el acuerdo por una compleja madeja de causas referidas a SCP.

Se vinculó la operación con la quiebra de SCP, remitiendo a los años 90 cuando la empresa tenía todos sus bienes inhibidos por el concurso preventivo. Uno de sus acreedores era el Banco Provincia, que financió proyectos de grandes grupos, la mayoría del cuales no devolvió el dinero. Para recuperar esos créditos, en 2008 el Congreso bonaerense creó el Fideicomiso de Recuperación Crediticia para una cartera de 25.000 deudores y $ 1800 millones.

Cuando SCP firmó el acuerdo con Cristóbal López, la fiscalía de Estado bonaerense, en representación de este fideicomiso, se opuso por entender que la empresa no se había esforzado para levantar la inhibición de sus bienes. Y pidió que se le abonara una deuda que SCP tenía por incumplimientos de ciertas obligaciones y requisitos sobre dos créditos de u$s 20 millones y u$s 40 millones.

Para destrabar su convenio con López, SCP presentó a sus accionistas un plan para emitir acciones y aumentar su capital social en $ 92 millones y llevarlo a $ 1.452 millones.

Con lo recaudado propuso cancelar la deuda con el fidecomiso, entregándole las acciones a emitirse. La fórmula fue aprobada por una asamblea de accionistas el 12 de diciembre pasado y debería servir para que SCP cierre su concurso preventivo y levante la inhibición general de bienes dispuesta por la Justicia. De todos modos, el proceso no sirvió para concretar el convenio. En ese marco, apareció Boldt y reclamó su derecho de compra preferente de acciones, que siempre tuvo pero al que en agosto de 2014 había renunciado por la situación política que vivía en ese momento la provincia de Buenos Aires.

Pero el cambio de aire político permitió a Boldt ejercer su derecho preferencial, que le permitía igualar cualquier oferta por las acciones de sus socios. Hoy, la firma hará el primer pago, mientras se espera la defección de la Justicia sobre si acepta o nuevamente frena la salida de SCP del Casino de Tigre.