Entrevista exclusiva a Jacob Morett, responsable de Relaciones Públicas de Codere México

“Codere México es pionero en el cumplimiento de la prevención de lavado de dinero en el país”

La compañía acaba de firmar un convenio con la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria para informar sobre “actividades vulnerables”. En charla con Yogonet, el ejecutivo cuenta los alcances del acuerdo.
28-11-2016
Tiempo de lectura 2:20 min
La compañía acaba de firmar un convenio con la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria para informar sobre “actividades vulnerables”. En charla con Yogonet, el ejecutivo cuenta los alcances del acuerdo.

A casi dos décadas de establecerse en México, Codere se convirtió este año en la primera empresa del sector que va a informar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y al Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre actividades vulnerables, luego de firmar un convenio con ambas entidades para comprometerse en trabajar sobre estrictas políticas de prevención de lavado de dinero.

¿Qué llevó a Codere México a firmar un convenio con la UIF y el SAT?
Es sin duda, la vocación de cumplimiento normativo bajo los principios institucionales de Profesionalismo e Innovación, lo que llevó a Codere México a explorar esta figura jurídica sin antecedentes en un sector no financiero mexicano.

Como resultado del cumplimiento del régimen de prevención de lavado de dinero, esta Compañía reporta al SAT más de 3.000 operaciones mensuales que se recaban a través de sus más de 90 salas de Juego alrededor del país, pertenecientes a sus diversas permisionarias.

Frente a este volumen de estructura y operación, la Dirección de Cumplimiento de Codere recurrió a la UIF y el SAT para optimizar el proceso de reporte de las actividades vulnerables a través de una consolidación y conciliación de la información de todos esos más de 3.000 reportes, sin transgredir las normas en materia de confidencialidad, previniendo así, la imposición de multas por inconsistencias en la información y expedientes, además de estar en posibilidades de llevar a cabo un análisis cualitativo de las operaciones.

Este último punto, sin estar previsto en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, nos acerca a una mejor prevención de conformidad con las mejores prácticas internacionales.

¿Qué significa el acuerdo alcanzado para la compañía?
Es sin duda, un hito que marca un antes y un después en la manera de reportar las actividades vulnerables en México y, en especial, un éxito para Codere México, que lo coloca como pionero en el cumplimiento de la prevención de lavado de dinero en el país.

Vale la pena aclarar que la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita contempla la posibilidad para quienes realizan actividades vulnerables de presentar, previa autorización, sus avisos por conducto de una Entidad Colegiada, que son personas morales conformadas por entidades que realicen tareas similares relacionadas a algún tipo de Actividad Vulnerable. Por diversas cuestiones en México no se ha podido llevar a la práctica, sin embargo, con gran ingenio, la Dirección de Cumplimiento de la compañía encontró en ella, un innovador vehículo para el óptimo cumplimiento de sus obligaciones reduciendo costos de infraestructura y riesgos por multas.

No obstante, un hecho de mayor trascendencia es el mensaje de confianza que con este logro se lanza al mercado, ya que durante el procedimiento de autorización y firma del SAT y la UIF, el cual tomó un año desde que se solicitó, Codere México se sometió voluntariamente a un escrupuloso análisis tanto de su composición corporativa, situación fiscal, análisis de los perfiles de socios y colaboradores; como de sus procedimientos, políticas, medidas de seguridad físicas, administrativas e implementaciones tecnológicas; siendo incluso sujeto de una Vista de Verificación.

Saber que la compañía previene el lavado de dinero más allá de lo estipulado por la propia legislación vigente, se traduce en una garantía para cualquier socio comercial, inversionista e Institución Financiera.

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