Argumenta que se favorecería a la proliferación del juego ilegal

ALEA se posiciona contra la posible suba de impuestos al juego

La Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina (ALEA) advierte acerca de la posibilidad de que se impongan nuevos tributos al juego oficial o de agravar los existentes y su resultado inverso al fin deseado.
25-11-2016
Tiempo de lectura 1:39 min
La Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina (ALEA) advierte acerca de la posibilidad de que se impongan nuevos tributos al juego oficial o de agravar los existentes y su resultado inverso al fin deseado.

A continuación, reproducimos el comunicado oficial de ALEA:

Las utilidades del juego oficial, que efectivamente administran los 24 entes reguladores en cada una de las jurisdicciones del país, son destinadas en forma directa por cada instituto de lotería y casinos a los distintos ministerios y áreas que, por ley y en cada jurisdicción, deben ser coparticipados. Ello independientemente de las acciones sociales que también en forma directa, desarrollan cada uno de los organismos reguladores de los juegos de azar, que son difundidas por los respectivos entes y de público conocimiento.

Asimismo, cabe destacar que todos los actores privados del sector, desde las agencias hasta los concesionarios de salas de juegos y casinos, efectúan el pago de los tributos, aportes y contribuciones establecidas por las respectivas leyes nacionales, provinciales y municipales, incrementando aún más los aportes que, en suma, provee el juego oficial al Estado argentino.

Como antecedente, cabe citar la Declaración de Jujuy II, del 29 de abril de 1988, en la que los integrantes de ALEA, expusieron esta problemática advirtiendo:

“Los recursos derivados de esta gestión ejercida de modo exclusivo por la Nación o por las Provincias en el radio de sus respectivas jurisdicciones, configuran un monopolio fiscal, fruto de una actividad de la administración y como tales, no son susceptibles de ser gravados por impuesto alguno. A más de resultar evidente esta conclusión desde un punto de vista estrictamente jurídico, está apoyada en consideraciones prácticas de mayor peso. La idea de gravar estos recursos derivados del juego con tributos para atender diversas necesidades sociales, encierra un contrasentido, en cuanto la generación de este producido tiene ya, precisamente, el destino que se quiere dar a los impuestos. Y como el pase de un bolsillo a otro de los fondos importa necesariamente gastos, el tautológico procedimiento conduce a que, en definitiva, se termine por achicar o reducir lo que se intenta incrementar.

Para peor de los males, esta extraña suerte de impuestos sobre recursos fiscales constituye un procedimiento que se vuelve doblemente nocivo en cuanto termina por constituir un aliciente al juego clandestino. Se desvirtúa así y torna anodino el poder de policía que el Estado tiene el deber de ejercer en la materia, de modo primordial e inclaudicable”.

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