Si bien la iniciativa se encuentra en el Senado, representantes del gremio Unión Personal de Juegos y Casinos de Mendoza (UPJCM), acompañados por el gerente de Legales del Instituto, Diego Zacca, pidieron a los diputados que adelanten “la postura que adoptarán si la iniciativa prospera”, de manera tal “de llevar tranquilidad a los trabajadores del Casino”.
El proyecto busca derogar la Ley Provincial 8245 porque, según Cairo, no hay “fundamentación que amerite haber declarado de interés social y mucho menos histórico y cultural el Casino de Mendoza y sus anexos”.
Según indicó Martín Caín, titular del gremio, la ley que pretende dejarse sin efecto “beneficia a los trabajadores y a los organismos del Estado, por lo que pedimos que se expresen para trasladar su opinión a los compañeros”, a lo que agregó que “cada vez que se logran herramientas para combatir el juego clandestino y privado, aparecen estas cosas”.
Por su parte, Tanús anticipó que si el proyecto pasara a Diputados serán “coherentes con lo votado en su oportunidad, para que se mantenga la declaración de interés social, cultural y patrimonial, porque tiene que ver con una defensa de los ingresos que produce el Instituto” y evitar cualquier posibilidad de que “pase a manos privadas”.
Asimismo, aclaró que se trata de la iniciativa de un legislador y que en todo caso, los trabajadores tendrían que pedir una audiencia con los legisladores radicales para que ellos expresen su postura al respecto.
“Tienen que tener una respuesta del radicalismo”, señaló, subrayando que no hay que olvidar que “el Estado, al intervenir en el negocio del juego, fija reglas. El juego no puede no tener una referencia estatal”.
Por su parte, el diputado Raúl Guerra (FPV), integrante de la Comisión de Juegos, también adelantó lo siguiente: “Nuestra postura no la vamos a cambiar porque es poner en riesgo una fuente genuina de ingresos para el Estado, por lo que significa para los planes que se sostienen a través de estos recursos”.