La acción, que amenaza al principal motor de ingresos de la concursada, llega cuando el juez concursal, Pablo González, debe resolver una cautelar que apunta a conservar la licencia de operación de la sala de Guaymallén.
Aunque admite que KLP es titular del permiso, Zulu (de Zunilda Torres y Luis Olivares), aduce haber invertido en la adquisición de los equipos de juego, para entregar al ex casino Winland “llave en mano”, es decir, equipado y en funcionamiento.
Luego de pedir un inventario de la maquinaria del casino, prevé presentarse ante el 2º Juzgado de Pablo González Masanés para la verificación de créditos, antes del 14 de abril: según se anticipó, por 2.000.000 de pesos (227.141 dólares) al mes por explotación de las máquinas o la restitución de las mismas, valuadas en 4.000.000 de dólares.
En 2013, la licenciataria rescindió el contrato de gerenciamiento con Zulu, y rebautizó al entonces Winland como Cóndor de los Andes, una marca propia.
Actualmente, la firma titular del permiso habilitante le reclama extrajudicialmente alrededor de 40.000.000 de pesos (4.542.822 dólares) a Zulu, cuyo origen ésta dice desconocer al asegurar que no es deudora sino, por el contrario, acreedora.
En ese carácter insiste en recuperar las máquinas y un canon por gerenciamiento equivalente a 20% del win (diferencia entre lo pagado y cobrado por el casino), que actualmente supera los 10.000.000 mensuales (1.135.705 dólares).
Resulte como resultare el litigio, para el Instituto de Juegos y Casinos todo recae en KLP. “Como titular de la licencia no puede deslindar su responsabilidad en un subcontratista. La forma de adquirir máquinas, su propiedad y si quedan pocas es un tema comercial; al Instituto le cabe el rol de fiscalizar”, remarcó Federico Domínguez, director del IPJC.