Reclaman que "se acaben las persecuciones y proscripciones en la Dirección General de Casinos" de Uruguay

Fernando Magnífico es abogado y tiene más de 30 años de experiencia en la DGC. En 2012 el Tribunal de lo Contencioso Administrativo dejó sin efecto su remoción del cargo de jefe del área jurídica del organismo que había sido dispuesta por el anterior titular de la dependencia, Fernando Nopitsch, lo que motivó que pasara a trabajar en la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, que también depende del Ministerio de Economía.

Tras ese fallo, Magnífico volvió a la DGC. Pero como Cha modificó la estructura del área jurídica del organismo, ahora Magnífico está al frente del sector contencioso de la oficina legal de la dependencia.

En los últimos días, Magnífico tomó conocimiento (a través de la página web del Ministerio de Economía) que la DGC pidió ante la ONSC su "excedencia", lo que implicaría que debería dejar de trabajar en el organismo a la espera de ser reubicado en otra dependencia estatal.

En la nota que presentó ante la Presidencia de la República y ante la ONSC y a la que accedió El País, el abogado pide que "se acaben las persecuciones y proscripciones en la Dirección General de Casinos".

"Como profesional del Derecho y funcionario público de extensa trayectoria en la Administración, el compareciente se plantea cómo es posible que un funcionario de confianza de una determinada autoridad como el Sr. Cha, puede actuar en forma tan temeraria, sin que nadie lo controle, persiguiendo funcionarios y comprometiendo al Estado", expresa Magnífico en el documento que presentó el martes 24.

Crítica a proyecto

El abogado señala que el pedido de la DGC de declararlo "excedentario" se produjo luego de que él "observara por ilegales algunos procedimientos" de Cha, a quien -según relata- exhortó a "ajustar sus actos a la normativa vigente, dado el cúmulo de ilegalidades constatadas en diversos asuntos y los disfuncionamientos que a nivel jurídico esas irregularidades han generado en la DGC".

Magnífico también señala que la solicitud de la DGC de declarar su "excedencia" se produjo luego de que presentara una serie de objeciones al proyecto de ley impulsado por el organismo que reestructura la institucionalidad de los juegos de azar y deja en manos de un organismo determinar qué modalidad es clandestina, además de penalizar al apostador.

Según dice Magnífico en la nota, la iniciativa contiene "inconstitucionalidades y graves errores jurídicos".

El proyecto que se encuentra a estudio del Parlamento, crea la Dirección Nacional de Contralor de Apuestas y Juegos de Azar, en calidad de ente regulador. También se crea la Administración Nacional de Casinos y Juegos de Apuestas del Estado, dedicada a la explotación de los juegos.

El órgano de contralor, de acuerdo al proyecto, tendrá la potestad de prohibir en todo o en parte una modalidad de juego y también sancionar a los infractores que incurrieran en juego clandestino.

Actualmente, solo el Estado o permisarios autorizados para tal fin, pueden explotar o facilitar tragamonedas. Pero el nuevo órgano también podrá dar licencias, permisos, y redactar reglamentos, entre otras cosas.

La iniciativa impulsada por la DGC ha sido duramente cuestionada por la Federación Nacional de Trabajadores del Juego que considera que el proyecto "es una privatización encubierta de Casinos y Salas de Esparcimiento del Estado y del Juego en general".

"Cheque en blanco"

El catedrático Gonzalo Fernández cuestionó en un informe el proyecto de ley de regulación del juego que está a estudio del Parlamento. El experto consideró que la norma da facultades "poco menos que discrecionales" a la autoridad pública y la calificó como "cheque en blanco".