La Lotería de Concepción se expresó a favor de una regulación para el sector del juego y las apuestas deportivas online en Chile. Sin embargo, insistieron en que dicha normativa contemple un bloqueo de mínimo dos años para los operadores “ilegales” que hayan operado previamente a su aprobación.
Ante la Comisión de Hacienda del Senado, el gerente general de la Lotería, Mario Parada, afirmó que la regulación del iGaming debe ser “firme, transparente y equitativa”, pero que debe exigir que “garantice condiciones equitativas y respete a quienes han operado dentro del marco legal por más de 100 años”.
En esa línea, advirtió que existen plataformas online que “han operado sin autorización legal en Chile”, promoviendo “algunos juegos digitales fuera de la normativa vigente, lo que constituye una competencia desleal”.
Según indicó, la ley debe establecer que ningún operador podrá beneficiarse retroactivamente de una actividad previamente ilegal, consolidando el principio de legalidad como eje del nuevo marco regulatorio.
También consideró que la concesión de licencias debe ser limitada en número y rigurosa en requisitos, evitando un ingreso masivo de actores sin estándares de cumplimiento, con supervisión permanente y evaluaciones periódicas.
En ese contexto, planteó: “Reafirmamos la necesidad de mantener un período de cooling off mínimo de dos años para los operadores ilegales, sin acceso a ningún tipo de licencia durante ese tiempo”. En consecuencia, afirmó que “permitir su acceso sería validar conductas irregulares y debilitaría los incentivos a la formalización responsable”.
Respecto al tema tributario, la Lotería propuso que las plataformas tributen con un impuesto específico del 20% sobre ingresos netos, además de IVA y tasas locales, igual que los casinos físicos.
“Este mercado ilegal, según las cifras aportadas de las mismas plataformas, fue de USD 3.100 millones en 2024, sin aportar nada al fisco o a labores sociales”, advirtió Parada.
“Mientras que Polla Chilena de Beneficencia y Lotería de Concepción, según sus cifras oficiales, presentaron ventas para el 2024 cercanas a los USD 300 millones, aportando a la beneficencia, al fisco y al bien común, como establece la ley chilena para los juegos de azar, alrededor de USD 150 millones”, añadió.
“Regular sin sancionar el historial de ilegalidad sería equivalente a dar una amnistía a quienes usaron este modelo de negocio al margen de la ley”, concluyó el funcionario.