No aprobaron el traslado del Casino de Mallorca

Este documento ha tomado por sorpresa a la propia empresa que gestiona el citado casino. Su representante legal, Antonio Salvá, admitía lo siguiente: "No sabemos qué quiere exactamente el Tribunal". Al mismo tiempo anunció su intención de mantener una reunión con la Abogacía de la Comunitat Autònoma para determinar las actuaciones a emprender, aunque ya señalaba su predisposición a presentar un recurso -para lo que se dispone de un plazo de cinco días-, al considerar que la sala "ha cometido un error".

Este contencioso se inició cuando la asociación de salones recreativos de Balears (Sareiba) decidió recurrir la autorización del traslado de las citadas instalaciones de juego desde Calvià hasta Palma, alegando que en ese cambio de emplazamiento no se habían respetado las condiciones que se fijaron a la hora de obtener la autorización inicial, como disponer de instalaciones para espectáculos o para la práctica deportiva.

El 15 de enero de 2013 el TSJB ya había emitido una sentencia en la que se anulaba la autorización para el citado traslado hasta Porto Pi Centro, al considerar que se habían incumplido algunos trámites fundamentales, como contar con un informe de la Policía Nacional sobre el proyecto del nuevo casino antes de autorizarlo. El Govern argumentó que ese informe se emitió, aunque posteriormente a la concesión de ese permiso, y que fue favorable al traslado.

Pese a ello, el Tribunal Superior exigió al Govern que solventara las deficiencias en la tramitación de la citada licencia, confirmando que no se habían cumplido todos los requisitos necesarios.

El 13 de noviembre de 2013 la Conselleria de Economía remitió un escrito con una resolución de la directora general de Comercio, Lourdes Cardona, en la que reiteró la autorización del traslado del casino desde Calvià a Palma, pero tanto Sareiba como el ayuntamiento del primero de esos municipios (contrario al cambio de emplazamiento) consideraron que la sentencia inicial no se había cumplido con esa simple resolución, y solicitaron que se hiciera efectiva.

El TSJB da ahora la razón a estos últimos, que reclamaban la aplicación de la sentencia de nulidad, y vuelve a exigir al Ejecutivo balear que la cumpla, algo que según fuentes de Sareiba podría conllevar el cierre del casino de Porto Pi aunque desde este último se niega esa posibilidad con unas instalaciones que supusieron una inversión de casi nueve millones de euros. Al respecto, se recuerda que es la Comunitat Autònoma la cuestionada por la forma en que tramitó el traslado. Desde el Govern no se quisieron hacer valoraciones, al no haber recibido el auto judicial.