Luego de que Arellanes exhortara a los empleados aceptar las opciones que el municipio les ofrece ante el cierre de las casas de apuesta, la asociación Todos Unidos Contra la Corrupción en Monterrey, que representa a más de 3.000 empleados directos y 10.000 indirectos, respondió con una carta dirigida a la alcaldesa, en donde los afectados exigen lo siguiente:
"Exigimos que las autoridades de Monterrey paguen los salarios, prestaciones de ley, bonos y aguinaldos que dejamos de percibir desde hace más de 10 meses. Las autoridades deben reabrir de inmediato nuestra fuente de empleo", señala la carta entregada a personal del ayuntamiento regiomontano.
Asimismo, señala que es necesario que Arellanes aclare lo que ellos llaman "cambios de criterio" sobre la impartición de la ley de las autoridades locales, porque aseguran que esto trae como consecuencia que lo autorizado en las administraciones anteriores ahora se traduzca en acciones que violan la ley, y por ende la pérdida de sus fuentes de empleo.
"Las autoridades del ayuntamiento de Monterrey deben publicar una lista de los casinos que funcionan con los permisos de las autoridades de la Secretaría de Gobernación, ya que de acuerdo a la página de Internet de esta dependencia, las salas de juego cerradas tienen el aval de las autoridades federales”, aseguran.