egún explica el Gerente General de la asociación, Rodrigo Guíñez, la ley obliga al regulador a emprender acciones ante los tribunales de justicia respecto de la explotación de juegos de azar desarrollados al margen de la legislación, lo cual no se estaría cumpliendo.
“Lo que queremos es que se determine que efectivamente el único interlocutor frente a los tribunales de justicia para actuar en contra de los juegos ilegales es el Superintendente de Casinos", señala el ejecutivo.
Además, esperan que mediante la intermediación de la Contraloría la autoridad actúe y entregue los antecedentes que tenga en contra del juego ilegal. "Queremos contar con algún pronunciamiento de la Contraloría que haga ver, de alguna manera, que la autoridad, teniendo el imperativo jurídico de denunciar el juego ilegal, no lo ha hecho hasta la fecha", señala.
La acción se sustenta en una serie de denuncias que le presentó la entidad gremial a Hamel sobre salas de máquinas que operaban al margen de los casinos, sobre las cuales, destacan en la asociación, el regulador no hizo nada. "Sobre estas presentaciones -realizadas en octubre del año pasado- no hemos tenido respuesta y no ha habido un actuar del Superintendente en esa materia", explica Guíñez. "Nosotros no logramos entender realmente esta omisión, por eso es que deben tomarse medidas", agrega.
En la misma línea, la asociación estima que la regulación de las tragamonedas de barrio es inviable. "El tema es la eliminación y la denuncia del juego ilegal. Regular es la peor vía de solución", destaca. Puntualiza que el Gobierno al plantear la opción de legislar no está entendiendo la real dimensión del problema.
De hecho, señala que previo al anuncio del Ejecutivo, se reunió con el subsecretario de Hacienda, Julio Dittborn, y este le planteó tajantemente que había que eliminar las máquinas populares, y luego dirigió una conferencia anunciando la regulación. "Nos reunimos en dos o tres oportunidades con el subsecretario, quien manifestó su preocupación por el juego ilegal y su convicción en la eliminación de estas máquinas", resalta Guíñez.
Y agrega: "La autoridad no termina de entender cuál es la problemática ni menos cuál es la solución, porque cualquier tipo de regulación no puede incluir máquinas ilegales". El gremio estima que la Contraloría podría pronunciarse en un plazo de dos a tres meses.
