Piden que se deroguen las resoluciones 1.150 y 1.151

Los trabajadores del IAFAS de Entre Ríos cierran el 2012 sin novedades de la Justicia

(Argentina).- Los empleados de los casinos entrerrianos reclaman la derogación de las resoluciones 1.150 y 1.151 emitidas por el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas), luego de que un decreto del Poder Ejecutivo declarara de interés
21-11-2012
Tiempo de lectura 1:13 min
(Argentina).- Los empleados de los casinos entrerrianos reclaman la derogación de las resoluciones 1.150 y 1.151 emitidas por el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas), luego de que un decreto del Poder Ejecutivo declarara de interés turístico a los emprendimientos en el Casino de Victoria y la sala de tragamonedas de Concepción del Uruguay. Si bien los trabajadores esperaban novedades de la Justicia antes de fin de año, ahora tienen pocas esperanzas.

“Estamos ante el cierre de un nuevo ciclo y, después, vendrán las ferias judiciales”, manifestó Jorge Alberto Vásquez, empleado de la institución. Las presentaciones al Tribunal fueron por el avance de los privados y el descuento salarial a los empleados por encontrarse en estado de asamblea.
 
El dirigente expresó que cierran un nuevo año sin novedades de la Justicia: “Por ahora, no tenemos noticias. Teníamos esperanza de tener alguna resolución antes de fin de año, pero no pasó nada y no hubo notificaciones sobre las presentaciones respecto al avance de los privados y a los descuentos a los compañeros que estuvimos en estado de asamblea permanente”.
 
“Siempre nos sometimos a los tiempos de la Justicia porque somos respetuosos de la institucionalidad, pero tenemos pocas perspectivas, ya que estamos ante el cierre de un nuevo ciclo y, después, vendrán las ferias judiciales”, subrayó Vásquez.
 
El conflicto

Los empleados de los casinos entrerrianos reclaman la derogación de las resoluciones 1.150 y 1.151 emitidas por Iafas, luego de que un decreto del Poder Ejecutivo declarara de interés turístico a emprendimientos en el Casino de Victoria y la sala de tragamonedas de Concepción del Uruguay, lo que los trabajadores interpretan como acciones encaminadas a privatizar el juego en la provincia. Esa decisión gubernamental violaría la ley 5.144 que establece que la administración del juego debe estar bajo la órbita del Estado.

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