El juez competente, Leonard B. Sand, la denegó argumentando que la “sentencia DiCristina” no es vinculante y que no podía ser aprovechada como precedente judicial. Tras la recepción de la petición, Preet Bharara, de la Fiscalía del Distrito Sur de New York, le respondió con bastante sarcasmo: “Howard debería agacharse, agarrar sus tobillos y prepararse para defenderse de una nueva demanda el 10 de septiembre”.
Lederer remitió un segundo escrito al DoJ por medio de su abogado Elliot Peters, en el que ataca al fiscal Bharara, y le sugiere al Juez Sand que cambie de opinión y permita el debate “antes de que las partes y su señoría tengan que hacer frente a más gastos judiciales derivados de la interposición de nuevos recursos”.
Las críticas dirigidas a Bharara son especialmente duras e intentan señalar su incompetencia por no darse cuenta de la relación de la IGBA o de la nueva interpretación de la Wire Act con el caso de Lederer, así como su negligencia a la hora de reaccionar para apelar contra la “Sentencia DiCristina”. Y le avisan que, pese a sus amenazas, no tiene armas jurídicas para convencer al juez de la culpabilidad de Lederer. Ni Bharara ni el Juez Sand se han pronunciado aún.