Edición Latinoamérica
14 de Agosto de 2020

A raíz de la medida impulsada por Hugo Chávez

El cierre de casinos en Venezuela dejó sin empleo a unas 100 mil personas

(Venezuela).- Unos 100.000 puestos de trabajo, directos e indirectos, se perdieron en Venezuela con el cierre de bingos y casinos decretado por el gobierno del presidente Hugo Chávez, afirmó el Sindicato de Trabajadores de Bingos y Casinos de Venezuela (STBCV).

La medida dejó en la calle a numerosos padres y madres de familia que laboraban en estos centros de entretenimiento y los cuales han sido criminalizados por el gobierno”, precisó Rodrigo Lanz, presidente de la organización sindical.

Lanz señaló que desde diciembre pasado los trabajadores de salas de bingo y casino que quedaron cesantes solicitaron una reconsideración de la medida por parte del gobierno nacional, y aún esperan por una respuesta oficial.

La Comisión Nacional de Casinos cerró a finales del año pasado la mayoría de los establecimientos y salas de bingo que operaban en el país, y revocó los registros y autorizaciones expedidos hasta ese momento, dejando sólo a los ubicados en los hoteles cinco estrellas.

Lanz refirió que el cierre se justificó en las deudas acumuladas entre los años 2003 y 2009 por regalías y multas que sumaban 635 millones de bolívares (U$S 144.405.091,57). Sin embargo, también fueron clausuradas empresas solventes.

“Muchos jóvenes que trabajaban en estos centros de juego de envite y azar y costeaban sus estudios con el sueldo y propinas devengados se vieron obligados a abandonar sus estudios universitarios, pues las posibilidades de incorporarse al mercado laboral son escasas”, dijo.

Señaló además que las autoridades han pretendido criminalizar la actividad de los bingos y casinos, asociándola con el lavado de dinero, y que por ello en la Ley contra la Delincuencia Organizada los bingos y casinos aparecen como sujetos obligados a control.

Lanz anunció que el sindicato que preside se dirigió esta misma semana a la Comisión Nacional de Casinos, adscrito al Ministerio del Interior y Justicia, para exigir nuevamente reconsiderar la medida que dejó cesantes a más de 100.000 trabajadores.

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