Hace unas semanas se conoció un fallo del Tribunal Superior de Justicia que consideraba que el municipio no podía regular el horario de funcionamiento y la ubicación de la industria del juego en la ciudad capital. Se evaluó que el poder de policía lo tendría la Administración Provincial de Juegos de Azar (AJALAR).
El proyecto tratado en la última sesión extraordinaria de la semana pasada fue sancionado con 12 votos a favor y uno en contra, correspondiente al concejal Lucas Luna. “Tenemos que ser respetuosos de la decisión de la Justicia. No veo un avasallamiento, solamente un fallo que nos plantea la necesidad de un estudio de fondo”, dijo el edil. Consideró que no se terminará “la adicción al juego reduciendo el horario sino con la prohibición del ingreso a las personas que tienen la adicción”.
El concejal José Pistek consideró que “existió un avasallamiento del Poder Judicial” y que el cuerpo de concejales tiene “toda sus facultades para ejercer el planteo”.
Mientras que la edil Alcira Brizuela remarcó que “se trata de una de las adicciones más graves” que enfrentan los ciudadanos riojanos.“Estamos para defender esta norma porque lo único que sirve es el corte de los horarios entre las 5 y las 12. Es lo único que puede detener este flagelo y esta enfermedad”, dijo la concejal.
Por su parte, la edil Viviana Luna realizó una encendida defensa de las competencias municipales. “El Gobierno municipal está en pleno derecho de su autonomía”.
Desde el radicalismo los concejales Eleazar Arabel y Álvaro Recalde avalaron el planteo del oficialismo y votaron el proyecto, pero al mismo tiempo mostraron sus reparos con ciertos aspectos del debate. Recalde aseveró: “El oficialismo ha creado el monstruo porque habilitó el lugar”, en referencia a la habilitación de los casinos en el microcentro de la ciudad capital.
Apenas comenzada la sesión del Concejo Deliberante, se conoció una nota del Consejo de Abogados de la Provincia en contra del fallo del Tribunal Superior de Justicia sobre el horario de funcionamiento de los casinos.
En la nota la entidad que nuclea a los abogados afirmó que el Concejo Deliberante “goza de plena legitimidad por haber sido elegido” y consideró que la decisión del Tribunal Superior de Justicia “es de gravedad jurídica e institucional”.