Japón está listo para apostar a los juegos de azar

Desde hace años, el poderoso gobernador de Tokio, Shintaro Ishihara, está intentando permitir operar a los casinos en Japón. La idea es aumentar los ingresos de los impuestos y el turismo sobre el envejecimiento de la fuerza laboral del país. Los legisladores han obstaculizado estos esfuerzos, por temor a que los juegos de azar refuercen el crimen organizado y ofrezcan pocos beneficios a la población en general.

Una de las razones de esas preocupaciones es que los juegos de azar, en forma de pachinko, ya constituyen una de las industrias más grandes de Japón. El gobierno dice  que los juegos arcade, en el que los jugadores reciben dinero en efectivo y premios a través de intermediarios, no son apuestas.

La realidad económica desde el histórico terremoto de marzo, está impulsando un cambio de actitud entre los legisladores. Un grupo de 150 está presentando un proyecto de ley que podría permitir la instalación de máquinas tragamonedas y mesas de juego en  hoteles, shoppings y restaurantes, informó Bloomberg News.

Japón no está solo en su envidia por Macao. La ex colonia portuguesa que volvió a manos chinas en 1999 está haciendo mucho dinero. En 2010, los ingresos de juego superaron cuatro veces los del Strip de Las Vegas y subió un 44 % en los primeros 11 meses de 2011. Es por eso que los magnates de Las Vegas como Sheldon Adelson y Steve Wynn han estado pensando en Macao. Es el único lugar en la economía de más rápido crecimiento del mundo, donde los casinos son legales.

Camboya, Malasia, Filipinas, Singapur y Corea del Sur han intentado, en los últimos años, conseguir un poco de la acción de juego de Asia. De Tailandia a Indonesia, los legisladores están considerando medidas similares. Ahora, Japón se suma la lista.

Los casinos podrían convertirse en una industria de 3,4mil millones de yenes (U$S 44 mil millones), según un estudio realizado en 2009 por Ryosaku Sawa de la Universidad de Comercio de Osaka. Facilitar su crecimiento parece ser una obviedad para un gobierno que enfrenta cientos de miles de millones de dólares de costos de la reconstrucción del terremoto del 11 de marzo, una de las deudas públicas más grandes del mundo.