González sostuvo que la falta de regulación, vigilancia y control jurídico de los juegos y sorteos genera clandestinidad, anarquía, ilegalidad, defraudación y corrupción en esta actividad.
Señaló que se propone de tres meses a tres años de prisión y multa de 10 mil a 100 mil salarios mínimos para las personas físicas o morales que operen juegos con apuestas y sorteos prohibidos, o no cuenten con el permiso o autorización correspondiente.
La misma pena aplicaría para los dueños, gerentes o administradores de locales donde se realicen juegos prohibidos o con máquinas, instrumentos o sistemas electrónicos sin autorización y certificación de la Secretaría de Gobernación.
Afirmó que también se planteó que la SEGOB pueda pedir a estados, municipios y el Distrito Federal, un informe de las características sociales, económicas y de seguridad pública de la zona donde se pretenda instalar un establecimiento de juegos o sorteos.
Además, para inhibir el lavado de dinero, antes de expedir o renovar un permiso, SEGOB tendrá que investigar los antecedentes penales, fiscales, crediticios y comerciales de socios y administradores de las sociedades mercantiles permisionarias.
El ex gobernador de Aguascalientes señaló que los permisos emitidos por la dependencia contendrán el número de locales autorizados que la capacidad económica del permisionario le permita abrir y operar en un periodo máximo de tres años.
La iniciativa, prevé la obligación de certificar máquinas, mecanismos, equipo y cualquier instrumento técnico o sistema electrónico que se utilice para celebrar juegos con apuesta y sorteos. En relación con la vigencia de los juegos, la apertura y operación de hipódromos, galgódromos, frontones, centros de apuestas remotas y salas de sorteos de números tendrán una vigencia máxima de 10 años.
En lo relacionado a la instalación de establecimientos, se establece que las autoridades municipales o delegacionales, previamente a manifestar su opinión favorable o desfavorable, deberán consultar con los vecinos que habiten un kilómetro a la redonda sobre la conveniencia o inconveniencia de dicha actividad cerca de su residencia o establecimientos.
“Todo lo anterior nos permite afirmar que los permisos para la organización y comercialización de juegos con apuestas y sorteos, se otorgarán atendiendo al interés público”, concluyó Felipe González. La iniciativa se turnó a las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictaminación.