Wilson Palacios, presidente de ASCAB, indicó que los casinos generan empleo directo a 8.000 personas e indirectamente a 32.000 más, familiares de los empleados, por lo que suprimir este trabajo sería un perjuicio para todo el personal que está capacitado para la labor, y que no podría trabajar en otra actividad.
Por su parte Pedro Sánchez, gerente del Casino Montecarlo, señaló que además de las personas que perderían su trabajo con el cierre de los casinos, el Fisco dejaría de percibir cerca de 20 millones de dólares por concepto de IVA y otros impuestos, y adicionalmente se dejarían de aportar 35 millones a la Seguridad Social.
Sánchez indicó que en el país existen 2.000 máquinas de juego legalmente registradas y aproximadamente 7.000 ilegales, por lo que temen que una prohibición del juego abra un negocio paralelo de forma clandestina, como ya ha ocurrido en países como Rusia, por ejemplo.