La polémica pregunta “¿Está usted de acuerdo en prohibir en su respectiva jurisdicción cantonal los negocios dedicados a los juegos de azar, tales como casinos y salas de juego?” continúa generando conflictos en distintos sectores.
Según el mismo planteamiento del Régimen, la pregunta se incluyó “con la finalidad de evitar que los juegos de azar con fines de lucro se conviertan en un problema social, en especialmente en los segmentos más vulnerables de la población”.
Pero para Francisco Zambrano, con esta pregunta se vulnera los derechos constitucionales de 100 mil familias que dependen directa e indirectamente de los empleos que genera.
Además, señaló Zambrano, el Mandatario viola el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que señala: “toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias del trabajo y a la protección contra el desempleo”.
El Secretario de Cedhus, en un boletín, reprocha que “una mayoría quiere imponer sus costumbres en contra de una minoría de ecuatorianos que concurren a estos centros de diversión y juegos”.