Fuertes críticas de operadores de juego al proceso boliviano

Buena parte de los Diputados que aprobaron la Ley en General se “ausentaron” a la hora de votar en particular por lo que habían aprobado en general, y de acuerdo a los operadores consultados, “fueron “reemplazados” por diputados suplentes que cumplieron con la misión encomendada por el mando político”.

Los operadores aseguran que mientras se confirman los acuerdos con fuertes operadores de la región, las prefecturas y gobernaciones preparan una fuerte batalla en el Senado para defender sus ingresos provenientes del juego “que el Ejecutivo Nacional pretende manejar a placer”.

“Del análisis del Proyecto de Ley queda claro que denominar a estos impuestos como Impuesto al Juego e Impuesto a la Participación en Juegos es una ficción tributaria”, señalan. Aseguran que ninguno de ellos grava al juego en sí, ya que sus bases imponibles no están referidas a los ingresos o ganancias efectivas que genera el juego, tanto para el operador como para el jugador.

Por el contrario, ambos impuestos son a las apuestas, y deberían tener esa denominación porque objetivamente gravan el bruto de las apuestas y no el “Net Win” o ingreso bruto de la empresa como ocurre en el marco internacional.

“En ningún país del planeta se aplican cuatro impuestos superpuestos sobre una misma actividad, arrancando por un 30% que supera por lejos la media de la región (Colombia 12%, Chile 20%, Venezuela 10% y 12% combinado, Perú 12%) y la lógica de cualquier actividad viable”, aseguran los operadores que se verían ampliamente perjudicados por esta medida.

“En un estado de derecho real, podría demandarse la inconstitucionalidad de estos impuestos que no se ajustan a los principios de proporcionalidad y universalidad establecidos en la Constitución Política Del Estado Boliviano; pero, lamentablemente, hoy es ciertamente imposible defenderse, ya que al parecer no hay quien responda por el Tribunal Constitucional y se hace imposible encontrar un juez que se anime a interceder frente al gobierno”.

A la hora de analizar una solución, los operadores aseguran que: “En función de lo expuesto por los enviados del Ejecutivo ante la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados, en términos de que el motivo para la sanción de esta Ley es el de desincentivar una actividad autorizada expresamente por la Constitución Política del Estado, sería más honesto por parte del Ejecutivo que sus legisladores propongan modificar los artículos 297 y 299 de la Carta Magna en forma directa, dejando en clara evidencia el retroceso que eso significa en un país que había incorporado a la industria del juego a su máxima legislación hace apenas dos años”.

“Esto no es más que un nuevo hecho que confirma el rumbo de esta administración que se ve reflejado en el informe que esta semana publico el Banco Mundial. El mismo ubica a Bolivia en el puesto número 149 de un total de 183 en el ranking de países confiables para invertir. Seguramente la sanción de esta Ley lograra que los 34 puestos que lo separan del final de la tabla se acorten drásticamente poniéndolo en el top ten de los países menos confiables del planeta”, agregaron los empresarios.
 
“Solo resta saber si los senadores aceptaran escuchar la voz de los operadores, de las Prefecturas y las Alcaldías o simplemente levantarán la mano en función de los caprichos de un grupo de funcionarios a los que sus propios intereses motivan a destruir la actual industria del juego, ignorando los contratos vigentes, las inversiones realizadas y los más de 5.000 puestos de trabajo que desaparecerían de la noche a la mañana”.

Esto no solo genera honda preocupación en la región por el negativo precedente que sienta, sino que deja casi en ridículo a una administración, que vuelve sobre sus pasos en una reforma constitucional que no lleva más de dos años de vigencia. “Por otro lado, la nueva Ley reñida con la constitución, lejos de apoyar la legalidad de la industria y fomentar una actividad que rinde y puede rendir importantes ingresos a un país donde uno de cada tres niños sufren de desnutrición crónica, no hace más que abrir el camino a la ilegalidad y a las operaciones clandestinas de juego”, enfatizaron.

En una nota que hicieron llegar a nuestra redacción, los operadores aseguraron que “la comunidad internacional mantiene sus esperanzas en las señales que ha dado el presidente Morales esta semana, al pedir a varios de sus allegados opinión e investigación sobre la norma que está siendo fogoneada desde la vicepresidencia. Aparentemente, el presidente tomo conocimiento la pasada semana de las presiones que estaban recibiendo sus legisladores por parte de miembros de su gobierno, lo que hizo sonar las alarmas y lo mantiene alerta para evitar un nuevo papelón internacional de su administración”.

Fuentes cercanas al presidente no descartaban en las últimas horas un proyecto modificado por la oficina del presidente, para ser votado en el Senado o el veto presidencial sobre la norma. Finalmente señalaron que la comunidad internacional del juego “espera con ansias que triunfe la cordura sobre los intereses particulares, y se respeten tanto los contratos como las inversiones y fuentes de trabajo”.