El acuerdo con Vidaplan S.A. (que también gestiona el casino del Hotel Mantra) fue firmado el año pasado, durante la gestión de Fernando Nopistch al frente de la DGC, está siendo investigado por la jueza especializada en crimen organizado Graciela Gatti, ya que entre otras cosas el Estado -al pasar a tener un socio en el Nogaró- paga más de lo que antes abonaba por el alquiler del local.
Además, la magistrada Gatti, que inició la indagatoria tras una denuncia presentada por la Federación Nacional de Trabajadores del Juego (Fenaju) apunta a establecer por qué la DGC contrató directamente a Vidaplan S.A. y no llamó a interesados en gestionar el Nogaró bajo la modalidad de explotación mixta.
Chá aseguró que más allá de lo que está indagando la jueza Gatti, el trámite administrativo que derivó en la asociación con la empresa "fue correcto" y tuvo el aval del Tribunal de Cuentas de la República (TCR). "Este tema no merece ninguna revisión porque realmente no hay nada que revisar", señaló el jerarca de Casinos.
Chá consideró que tiene lógica que tras la asociación con Vidaplan S.A. la DGC haya pasado a pagar más por el funcionamiento del Nogaró, ya que antes solamente alquilaba el local, pero ahora el acuerdo implica la renovación de las máquinas y los juegos de paño, que corrieron por cuenta de la empresa.
En su denuncia, la Fenaju pide que se investigue la actuación de la DGC y también la del TCR que, según el presidente de la gremial de trabajadores de Casinos, Leonel Revelese, tuvo un rol "ambivalente" ya que inicialmente rechazó el contrato con Vidaplan S.A. pero luego terminó aceptándolo.
Por eso, la jueza Gatti "debe investigar" al TCR, opinó Revelese. En particular, apuntó al ex ministro del órgano Carlos Guariglia, quien fue abogado de Vidaplan S.A. Guariglia aclaró que tanto en el TCR como en la empresa se excusó de intervenir en este tema.