Puig señaló, ante las reticencias mostradas por miembros del Legislativo, que de no aprobarse la norma tendrá que ordenar que se retiren las tragamonedas, de las que se calcula que existe 120.000 en el país y sólo 8.000 con los permisos correspondientes.
El funcionario destacó que la medida, de llevarse a cabo, tendría como objetivo evitar unas pérdidas anuales estimadas en 100 millones de dólares, resultantes de los impuestos que escapan al fisco por tratarse de una actividad mayoritariamente sin control legal.
El secretario de Hacienda aclaró que la iniciativa sólo se pondría en marcha si el proyecto de ley no supera el paso del Legislativo.
Además, señaló que el Proyecto 1639 prevé reducir el número de las máquinas de las 120.000 actuales a 40.000, lo que sostuvo creará mayores oportunidades para la industria de los casinos, además de una recaudación de 220 millones de dólares anuales en impuestos.
La presidenta de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico, Clarisa Jiménez, se pronunció recientemente sobre el asunto al señalar que la ley perjudicaría al sector que representa, ya que los casinos de la isla -ubicados en los hoteles- perderán miles de puestos de trabajo.
El Proyecto 1639 es un intento del Ejecutivo por obtener nuevos fondos que ayuden a equilibrar un déficit presupuestario cercano a los 3.200 millones de dólares.