La diputada perredista Lizbeth García Coronado presentó una iniciativa para que se castigue con penas de cinco a quince años de prisión y de 1000 hasta 7000 días de multa a los que alquilen un local para juegos prohibidos, apuestas, o para efectuar sorteos sin permiso de la Secretaría de Gobernación, así como a los jugadores y espectadores que asistan.
En el caso de empresarios, gerentes, administradores, encargados y agentes de loterías que no cuenten con autorización legal de la Secretaría de Gobernación, así como a los que participen en la empresa en cualquier forma, o de cualquier modo intervengan en la venta de billetes de lotería serán destituidos de su empleo.
Esto debido a las irregularidades de los permisionarios y la impunidad de las casas de juegos con apuesta y sorteos clandestinos.
Por ello, la legisladora perredista insistió en la necesidad de una legislación que se ocupe de la imposición de candados a las operaciones con cualquier tipo de recursos, cuya procedencia sea sospechosa.