Para hacer lo que queremos en seguridad, hablamos con franqueza de que la vía era un impuesto adicional a los casinos”, dijo Chinchilla el 9 de febrero pasado.
Sin embargo, el periódico El Financiero (EF) estimó el costo de las ofertas más ambiciosas de su plan de gobierno en seguridad. Sumarían unos $441,5 millones (U$S 795.256), con base en cálculos y proyecciones realizadas por el Ministerio de Obras Públicas (MOPT), el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y el Poder Judicial a petición de este medio.
Esa cifra evidencia un déficit de al menos $81,5 millones (U$S 146.803) frente a las demandas reales, lo que representa un 22,63% por encima del monto recaudable con el tributo en cuatro años.
Tal faltante significa alrededor del 43% de todo el presupuesto anual del Ministerio de Seguridad Pública del 2009 ($189,5 millones-U$S 341.339).
El costo final obtenido por EF suma el precio de aumentar en un 50% la cantidad de policías de tránsito y de seguridad pública entre el 2010 y el 2014, incrementar en un 20% el salario base de la actual población de policías y los 6.000 efectivos que Chinchilla prometió adicionar.
También considera la construcción y equipamiento de una sede permanente para la Escuela Nacional de Policía, crear y equipar 20 delegaciones distritales y poner en funcionamiento tres juzgados de flagrancia adicionales.
Pese a que las cifras ya superan lo presuntamente recaudable con el tributo que propone Chinchilla, la estimación de EF no cuantifica otras promesas del plan de gobierno que incrementarían el déficit.
Por ejemplo, el costo de “construir y remodelar progresivamente las delegaciones regionales, cantonales y distritales”, o “fortalecer y ampliar la formación policial básica”, tal y como lo ofreció el Partido Liberación Nacional (PLN) en campaña.
Además, en algunos casos, los datos solicitados por EF a las respectivas instituciones excluyen montos que acrecentarían su costo, pero que no se agregan por ser muy inciertos.
Así sucede con el precio del alquiler por cuatro años de tres juzgados de flagrancia, el cual no cuantificó el Poder Judicial.
De la misma forma, el Ministerio de Seguridad no cuantifica el precio de los terrenos para construir las 20 delegaciones distritales prometidas, pues se espera que las comunidades respectivas lo provean, como sucede en la práctica del actual gobierno de Óscar Arias, afirmó Erick Lacayo, director de la Fuerza Pública.
