Para la Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administraciones de Lotería (Anapal) en Ávila, estos cambios -que entrarían en vigor el 1 de enero- se llevan a cabo “de tapadillo”, a través de las disposiciones adicionales 32 y 34 de los Presupuestos Generales del Estado, y sin que el Parlamento haya elaborado una ley de juegos públicos.
El sector se está planteando organizar movilizaciones, pero están “a la espera de ver lo que pasa en el Senado y en el Congreso cuando vuelvan los presupuestos a votarse, algo que podría ocurrir el 22 de diciembre”, señalan desde Anapal.
Por la información que tienen hasta el momento los loteros, lo que pretende realizar el Gobierno de España es abrir la concesión administrativa que se había mantenido hasta ahora al contrato mercantil por una duración determinada. “En principio, no tiene que ser nada malo, pero ya no será por concurso público, por lo que cualquier persona o empresa podrá comercializar los juegos del Estado”, añade el colectivo.
A esto hay que añadir que se elimina la exclusividad de venta de lotería nacional por arte de las aproximadamente 4000 administraciones de España. Con las modificaciones planteadas, también podrán dispensar estos productos los 6.000 puntos mixtos existentes, es decir, aquellos locales que realizan otra actividad, como bares o estancos.
“Estos establecimientos podrán vender lotería nacional, pero nosotros no podemos vender otros productos –afirma la agrupación de administraciones-. Se van a masificar los puntos de venta, perjudicando a negocios familiares y a sus empleados”. En su opinión, “quitar la exclusividad de venta de lotería es el primer paso para cargarse las administraciones”.
Otro tercer problema es que se prohibirá la venta de por internet de las administraciones de lotería, algo que solo lo podrá hacer una empresa del Estado. De esta forma, “Loterías y Apuestas del Estado hace la competencia a su propia red de distribución”, añaden.