Argentina: denuncian que el gobierno de Mendoza habría beneficiado a Sheraton y Enjoy

La Cámara de Diputados pedirá la citación de Cazabán al recinto para que explique las razones por las cuales se benefició al hotel Sheraton y al casino Enjoy con la firma de un decreto que permitió la habilitación definitiva y la ampliación de las salas de juego.

La denuncia quedó en manos del mismo fiscal que investiga los motivos por los cuales el Gobierno desembolsó $315 mil (U$S 82.690) para pagar el recital de Los Fabulosos Cadillacs a cargo de la productora Off Side.

Diputados intentó aprobar durante la sesión el proyecto de Puga, que pedía la citación de Cazabán. Pero pese a que todos los bloques opositores se manifestaron de acuerdo con la propuesta, a la hora de la votación se perdió por un voto, porque varios legisladores de distintos bloques se levantaron de sus bancas. Hacía falta la presencia de dos tercios de los presentes para que se aprobara, puesto que el proyecto se trató sobre tablas sin despacho previo de comisión. De todas maneras, la semana que viene “sale seguro”, aseveró Puga.

Los bloques del CONFE, la UCR y el PD se manifestaron a favor de que Cazabán explique en el recinto los detalles del controvertido decreto, al igual que Roberto Blanco (Concertación Plural), Néstor Piedrafita (ARI) y el peronista disidente Daniel Cassia.

Puga denunció la existencia de un “negociado” entre el Gobierno provincial y el hotel Sheraton luego de que el Poder Ejecutivo firmara el decreto 2595 que terminará permitiendo la habilitación definitiva y la ampliación del casino.

El legislador acusó al gobernador Jaque y al secretario de la Gobernación, Alejandro Cazabán, de “haber firmado un decreto a medida del Sheraton, cargado de anormalidades que permitieron realizar un negociado espurio”, que permitió zanjar una controversia legal que mantenía frenadas nuevas obras en la sala de juegos del casino Enjoy.

El disparador fue la aparición del decreto publicado el 27 de octubre –firmado por Jaque y Cazabán–, en el que el Ejecutivo formalizó su posición acerca de la interpretación de un artículo de la ley 5.775.

Éste estaba sometido a una controversia judicial y establecía el porcentaje permitido (4%) de la superficie total que un hotel cinco estrellas tenía autorizado para destinarlo a la instalación de un casino.

Para Puga, el Gobierno “se convierte lisa y llanamente en cómplice de los intereses del Sheraton, dando una interpretación hecha a medida para la determinación de ese 4%, para que se pueda ampliar el salón de juegos que ya está construido y que cuenta con máquinas para tal fin”.

En dicho decreto no se consideraron como parte de la superficie cubierta del hotel baños de personal, las salas de descanso o los pasillos de vinculación entre las dependencias para poder ajustar la proporción entre la cantidad de metros cubiertos por el hotel y los que le corresponden a la sala de juego.

“Esto es un traje a medida para el Sheraton, que podrá habilitar la sala que tiene montada desde hace un año cuya superficie se encuentra fuera de lo que fue autorizado por el Instituto del Juego”, concluyó Puga.