Efectivamente, el 23 de diciembre del año pasado, la Legislatura convirtió en ley un proyecto enviado por el Ejecutivo provincial que le abrió la puerta a la instalación y la explotación de más máquinas tragamonedas, hasta un máximo de 2.400, en territorio cordobés, excepto en la ciudad Capital.
Ese proyecto, recuerda Graglia en los fundamentos de su proyecto, suscitó “controversias” por las consecuencias negativas que tiene para las personas la adicción a los juegos de azar. Por eso los legisladores acordaron, en esa oportunidad, “incorporar un segundo artículo por iniciativa de este legislador –el propio Graglia– que obliga al Ejecutivo a garantizar e intensificar ‘la continuidad y eficacia de las políticas de prevención de la ludopatía que se encuentran vigentes’”.
Desde entonces, por ley, la Lotería tiene a su cargo “el desarrollo, ejecución y financiamiento de programas integrales de atención” de estas adicciones.
Al parecer, Graglia, quien pertenece al bloque oficialista no habría podido obtener, hasta ahora, datos acerca del efectivo cumplimiento de esta obligación estatal.
Por este motivo, en su doble carácter de legislador oficialista y presidente de la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación, Graglia buscó respuestas por vía institucional.
Concretamente, Graglia quiere saber “si la Lotería ha promovido el desarrollo, ejecución y/o financiamiento de programas integrales de atención de la ludopatía, de acuerdo a lo establecido por el artículo 2º de la Ley 9.587”. También “cuáles son esos eventuales programas, sus objetivos, el presupuesto asignado y los resultados de su implementación hasta el momento”. En tercer lugar, solicita “cualquier otra información de relevancia sobre el tema”.
En la fundamentación del proyecto, el legislador recuerda que en el convenio de concesión de la explotación de los juegos de azar a la empresa CET SA. no incluye políticas de prevención de la ludopatía, “una adicción que se ha expandido”, señala.